El Gobierno ha redactado un documento compuesto por diez hojas en las que argumenta las razones que han llevado a la aplicación del articulo 155 de la Constitución. El ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en que el fin es restaurar la legalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y garantizar los derechos y las libertades de todos los catalanes.
Del mismo modo, el texto acusa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias" de un "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado (...) a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión". El Gobierno cree que hay pruebas más que suficientes de que "se ha producido no solo un incumplimiento de obligaciones constitucionales concretas sino que su actuación ha afectado gravemente al interés general de España, vulnerando principios fundamentales de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña situándose, como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2017, al margen por completo del régimen constitucional y estatutario".
El documento hace referencia también a la contestación de Carles Puigdemont al requerimiento formulado por Mariano Rajoy, de la que dicen, "pone de manifiesto la deliberada voluntad de persistir en la secesión de España y atentar de modo flagrante contra la soberanía nacional del pueblo español, y la integridad territorial del Estado, que son pilares básicos de la Constitución española".
El ejecutivo de Mariano Rajoy se ha marcado cuatro objetivos prioritarios, enntre los que está "garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación económica".
