El martes, la Fiscalía lanzaba la orden: los Mossos d'Esquadra serían los encargados de precintar los colegios en los que esté previsto colocar urnas para votar el 1-O. 24 horas después, los Mossos han contestado: creen que implantar precintos y perímetros de seguridad de unos 100 metros para impedir el voto puede desembocar en altercados de orden público.

Relato vía Twitter

Así de tajante ha sido el jefe de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, en la reunión que ha mantenido este miércoles con el resto de Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil) en la Fiscalía. Para Trapero, cumplir esa orden "puede comportar consecuencias no deseadas" desde problemas con la "seguridad ciudadana" hasta "el previsible riesgo de alteraciones de orden público".

Aunque la reunión era a puerta cerrada, han sido los propios Mossos los que han hecho públicas las cartas que han puesto en ella sobre la mesa. Es más, lo han contado en su cuenta de Twitter.

Durante más o menos hora y media, la policía catalana ha desplegado una serie de “problemas”. La Fiscalía les pide que, desde el viernes, se apliquen precintos “visibles y reconocibles” en todos los colegios en los que se vayan a colocar urnas y que, además, identifiquen a los directores o responsables de los centros que ayuden a que el referéndum del 1-O sea una realidad.

De antemano, los Mossos ya han dicho que no tienen la capacidad suficiente para cumplir con lo pedido. Ahora, añaden que no podrían impedir que se produjeran conflictos que acabarán alterando el orden público.

Por ello, anuncian que los precintos "se han de ajustar a los principios básicos" de una actuación policial habitual. Es decir a los puntos de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia". Cumplir con la orden "no excluye la responsabilidad profesional" de contemplar esas "consecuencias no deseadas".

En definitiva, cumplirán pero actuando hasta el límite que impida que se produzcan altercados públicos.