A las espera de las interlocutorias correspondientes, el juez Pablo LLarena está acabando su ranking judicial sobre el papel de los dirigentes independentistas en los trabajos preparatorios de la supuesta rebelión del 1-O y días sucesivos hasta llegar a la declaración de independencia y a sus ocho segundos de vida. En las dos comparecencias de este lunes, Marta Rovira, secretaria general de ERC, salió en libertad bajo fianza de 60.000 euros; mientras que Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, quedó en libertad con cargos sin ninguna medida cautelar.

Rovira y Pascal pertenecían según los informes policiales (basados en la libreta de Josep Maria Jové) al mismo comité estratégico del Procés, junto con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Artur Mas, Mireia Boya y Anna Gabriel, entre otros.  A la espera de las comparecencias de Mas y Gabriel, hasta ahora el juez ha decretado de forma muy diferente cada caso. Junqueras y los dos Jordis han cumplido ya más de cien días en prisión preventiva, junto a Joaquim Forn, ex conseller de Interior, mientras Rovira ha quedado en libertad con fianza y Pascal sin fianza al igual que Boya, ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP. La situación de Rovira se asemeja a la aplicada a los miembros de la Mesa del Parlament y los ex consejeros que acudieron a declarar, aunque estos cumplieron algunos días de cárcel.

A todos y todas se les supone riesgo de reiteración delictiva, a pesar de estar todos y todas sin ninguna responsabilidad gubernamental en estos momentos, algunas y algunos no la tuvieron ni en el momento de materializarse los supuestos delitos, y otros y otras ya no son ni siquiera diputados. Además, cada compareciente ha explicado a su manera los hechos acaecidos en Cataluña entre primeros de septiembre y finales de octubre, subrayando la invisibilidad de la frontera entre lo políticamente simbólico y lo políticamente soñado. Ni los arrepentimientos aconsejados por los abogados ni los matices constitucionales ni las ratificaciones en la bondad de los decidido en aquellas fechas parecen tener relación directa con la resolución aplicada por el Tribunal Supremo hasta ahora.    

¿Hubo violencia en el procés?

El juez estaría haciendo pues una primera clasificación de responsabilidades entre los integrantes del comité central del intento de rebelión, según explicó José Maria Mena, ex fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en TV3; una rebelión que a su juicio no existió dado que no hubo ninguna violencia en el procés que pudiera justificar el tipo del delito de rebelión, de ahí que en su opinión, quienes permanecen en prisión son “presos político”.

El juez LLarena, además de fijar el rol y la relevancia de cada dirigente ante los supuestos delitos, parecería estar desmontando el discurso oficial del independentismo según el cual, los acusados lo son por el solo hecho de ser independentistas. Al dictar medidas diferentes para cada uno, sin tener en cuenta, aparentemente, las declaraciones de los comparecientes (que pueden ir desde la aceptación de la Constitución, a la negación de la vía unilateral y de oportunidad del 1-O hasta la reafirmación de la proclamación de la independencia), sitúa el foco en el grado de capacidad de cada uno para cometer o no los delitos que se les imputan que van de la desobediencia a la malversación y sedición hasta llegar a la rebelión.

En Cataluña hay muchos independentistas, 2.079.340 votantes, miles de concejales, centenares de alcaldes, 70 diputados, sin contar los que lo fueron en la última legislatura y ya no lo son, unos treinta ex consejeros y dos ex presidentes de esta etapa, 17 diputados en el Congreso y 12 senadores. Felizmente, la inmensa mayoría no está ni investigada ni encarcelada, ni ha tenido que fugarse; aunque desgraciadamente para ellos y sus familias 4 han sido declarados culpables por el 9-N, otros 20 están encausados por el Procés, 4 siguen en prisión preventiva de forma incomprensible y otros 5 permanecen en Bruselas para evitar a la justicia. Algo más de 700 alcaldes deberían haber sido citados a declarar por la fiscalía por su apoyo al 1-O, aunque de momento no han llegado a la cuarentena los que lo han hecho. El ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sigue en  la Audiencia Nacional por diferentes supuestos de sedición y el TSJC mantiene abierta la causa contra el ex juez Santi Vidal y Carles Viver Pi-Sunyer.

Una panorama muy complejo e injusto que condicionará la política catalana (y las relaciones políticas entre partidos) durante años, comenzando por la investidura del próximo presidente de la Generalitat y la formación de gobierno. Sin embargo, hablar como lo hace el discurso oficial del independentismo de persecución ideológica y negación de la libertad de expresión parece difícil de sostener, a día de hoy. La magnitud de la judicialización de la política y los temores que se puedan albergar para la buena salud del estado de derecho ante la creación de una severa doctrina ad-hoc para combatir el intento frustrado de secesión son alarmas de futuro.