Dos interrogantes dominan la política catalana una vez conocido el nombre del presidente del Parlament. ¿Quién será el primer dirigente de ERC en pronunciar la frase completa y más esperada desde hace semanas?: No vamos a poner en riesgo la recuperación de las instituciones catalanas por intentar investir Carles Puigdemont. Y ¿cuánto tardará el diputado Puigdemont en acusar a los republicanos y a todos los que les apoyen de traidores a la patria y vendidos al 155 por decir en voz alta lo que una gran mayoría piensa, con la excepción de él y sus amigos de JxC y la ANC?

Esta secuencia liberadora parece la apropiada para iniciar la salida del circulo vicioso de la esterilidad (provocación-reacción-retroceso-movilización-negación del fracaso-vuelta a empezar) al que nos hemos acostumbrado en los últimos años y en el que tan cómodos parecen estar los profesionales de la confrontación de uno y otro bando. Se intuye imprescindible, aunque su simple formulación no vaya a garantizar el triunfo del sentido de la realidad. Ni siquiera es seguro que estas frases mágicas vayan a formularse explícitamente. 

El conflicto entre independentistas es innegable, tanto como el miedo de sus dirigentes a tratarlo públicamente. De aceptar su existencia, saben que se dirimirá en última instancia ante el tribunal de la calle, agitada por un entorno mediático implicado en la causa y no en las votaciones de la cámara catalana. El Parlament se ha convertido últimamente en poco más que un instrumento de revuelo político cuando no una maquinaria de la mayoría para generar escalofrío jurídico.

Roger Torrent, el nuevo presidente de la cámara catalana, se presentó en sociedad con palabras conciliadoras, enterrando el estilo agitprop de su antecesora felizmente refugiada en el anonimato del escaño; sin embargo, sobrevoló la causa belli del independentismo: satisfacer el ego legitimista de Puigdemont y chocar con el Estado o enfrentarse al diputado de Bruselas y hacerle entender su condición de obstáculo para retomar inmediatamente el gobierno de la Generalitat. Existe dos factores de riesgo evidentes para los republicanos si deciden tomar públicamente cualquier iniciativa en este sentido, aunque sea por pasiva: el votante independentista no soportará resignadamente la confrontación de los intereses de sus dirigentes y el atractivo del perseguido por plantar cara al Estado aunque sea huyendo es muy sólido. ERC ya lo sabe porque sufrió una dolorosa derrota el 21-D en manos del discurso victimista-legitimista de JxC.

Desde 2014, en su búsqueda del liderazgo, ERC ha jugado al peligroso juego de acompañar a Mas y a Puigdemont hasta el precipicio, esperando que ambos se precipitaran al vacío o chocaran contra el muro del Estado. Lo consiguieron con Mas, gracias a la colaboración de la CUP, pero fracasaron con Puigdemont quien consiguió arrastrarles al fracaso, sin acompañarles a la prisión preventiva. Ahora, todo lo que hace ERC lo hace mirando de reojo a Oriol Junqueras para evitar perjudicar su delicada situación judicial. Esta prevención y la elección de Torrent, un joven que tiene toda una carrera política por delante, permite pensar que los republicanos están maniobrando para dar satisfacción formal al legitimismo sin arriesgar demasiado.

El objetivo de ERC es un gobierno al 50% con JxC con un presidente viable; eso sí, después de la máxima escenificación necesaria sin incurrir en ilegalidades ni ridículos virtuales y, a poder ser, ahorrándose tener que plantear públicamente una posición de fuerza incómoda que pudiera interpretarse por los seguidores de Puigdemont como un ultimatum partidista. Confían en que el paso de los días encienda alguna luz de sensatez en JxC y todo pueda resolverse como buenos amigos y que el diputado de Bruselas acepte convertirse en eurodiputado, tras disfrutar de una vicaría honorifica por algún tiempo. Cuentan que los Comunes observaran la evolución de los hechos con la parsimonia correspondiente al mínimo premio prometido que no irá mucho más allá de un buen lugar en el hemiciclo, la presidencia de un par de comisiones y un senador autonómico. Tal vez también, algo de oxígeno municipal para Ada Colau.