El PP aprueba en solitario convertir al Constitucional en un tribunal punitivo

El Congreso ha aprobado hoy, con los votos del PP, la reforma del Tribunal Constitucional (TC), que castigará a los cargos públicos que incumplan sus sentencias, y con la que, según la oposición, el Gobierno agrava el conflicto en Cataluña al utilizar los tribunales en lugar del diálogo político.

Tras el rechazo de las enmiendas de la oposición, la reforma se remite al Senado tras un debate en el que ha vuelto a cobrar protagonismo el diputado de Amaiur Sabino Cuadra al ser expulsado de la tribuna de oradores por el presidente del Congreso, Jesús Posada, por no retirar la "ofensa" a la Constitución que cometió al romper hace dos semanas varias páginas de la Carta Magna.

Los grupos nacionalistas han aprovechado el debate para reprochar al Ejecutivo que no escuche las demandas expresadas por la sociedad catalana el 27S y reclamar que respete su derecho a decidir a través de un referéndum, en lugar de recurrir a "amenazas" con esta reforma del TC o la imputación de Artur Mas por convocar la consulta del 9N en 2014.

A estos argumentos el PSOE ha añadido que con esta ley el PP "echa gasolina" y "alimenta" el "victimismo de los independentistas catalanes" a quienes en teoría "se quería debilitar". "Es una ley punitiva con un sólo destinatario", ha denunciado el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor.

Frente a las críticas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado a los periodistas que lo que se persigue es fortalecer el Estado de Derecho, porque "nadie puede estar al margen del cumplimiento la legalidad". Durante el debate, el PP ha defendido la reforma para "armar jurídicamente" a las instituciones frente al "golpe de Estado a cámara lenta" que pretende perpetrar Mas.

El portavoz popular en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha recurrido a esta definición del exvicepresidente socialista Alfonso Guerra sobre las intenciones de los soberanistas, a quienes ha acusado de convertir Cataluña en "una anomalía" y "una extravagancia".

Así ha respondido a los argumentos de, entre otros, Carles Campuzano, de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), quien ha tachado la reforma de "despropósito" que "hiere de muerte a un tribunal gastado y tocado", ha acusado a la "derecha española" de estar instalada en la deriva "autoritaria" y ha lamentado que ningún ministro haya asistido al debate en el pleno.

Una inasistencia que ha justificado Catalá, recordando que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaban en el Congreso en un día en que se reúne la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que los miembros del Gobierno siempre tratan de hacer compatible su cartera con otras funciones.

"La cuestión no es el presidente Mas, la cuestión son cerca de dos millones de personas que se han autodeterminado, que sentimentalmente hace tiempo que han desconectado", ha subrayado Campuzano, mientras Montserrat Surroca, de Unió Democrática, ha denunciado que Mas está sometido a un "auténtico juicio político" y ha abogado por la "política en mayúsculas" y el "diálogo".