Como quien lleva años construyendo su castillo de naipes y ve como se derrumba ante sus propios ojos, Mariano Rajoy asiste atónito -y como espectador privilegiado- al desmoronamiento de su palacete particular. Muchos son los temporales que han sacudido al presidente de Gobierno desde que aterrizara en La Moncloa y ninguna tempestad ha provocado un dolor de cabeza ni siquiera parecido al que estará viviendo en estos momentos. Rajoy está su momento más delicado: Cataluña se fractura en dos y el órdago independentista gana enteros; el Congreso debate abatir uno de sus buques insignias, la Ley Mordaza; ha tenido que acudir a declarar ante el tribunal Gürtel; ha comparecido en sede parlamentaria para explicar sus conexiones con dicha trama corrupta y tendrá que volver a hacerlo en el seno de la Comisión de Investigación sobre la caja B del Partido Popular; y para colmo, no solo no tiene mayoría absoluta sino que está viendo como el PSOE, a quien quería como socio, ha abierto una vía de comunicación permanente con su archienemigo Pablo Iglesias con el fin “desalojar al PP”.
Cataluña
El órdago secesionista es el desafío de mayor proporción al que se ha tenido que enfrentar Mariano Rajoy. Y el resultado no le está siendo del todo satisfactorio. El referéndum convocado para el 1-O se acerca inexorable, los días se acaban y el presidente sigue instalado en el inmovilismo más absoluto. La mitad del parlament catalán atropelló a la otra mitad para aprobar la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República catalana, siete de cada 10 catalanes quieren votar, miles de ciudadanos celebraron la Diada con más tintes independentistas que se recuerda y centenares de personas (alcaldes y funcionarios incluidos) desafían al Poder Judicial. ¿Y cuál es la respuesta de Rajoy? Dejarlo todo en manos de la Justicia. Ni un ápice de acercamiento. Ni un atisbo de voluntad de resolución del conflicto mediante vías políticas y no judiciales (la ley es la ley).
Una fotografía para gobernarlos a todos... ¿o no?
“No habrá referéndum en octubre”. Así de tajante se pronunciaba Rajoy a finales de julio durante su comparecencia ante los medios en la cual hizo balance del curso político. Las mismas palabras llevan resonando desde que Artur Mas prendiera la mecha secesionista antes del 9-N, y las mismas palabras retumban cada vez que se toca el tema de Cataluña. Sin embargo, la fotografía será inevitable. Referéndum como tal no habrá. Desde el punto de vista legal porque no se cumplen los requisitos. Ahora bien, habrá urnas y papeletas. Aunque sea una urna de cartón en un supermercado y una papeleta impresa en casa en blanco negro. Pero habrá.
Democracia y proporcionalidad
“El Gobierno de España mantiene la determinación de mantener la ley con mesura y proporcionalidad”. En estos términos se refirió en julio Rajoy a la actuación del Ejecutivo para atajar el referéndum. Esta mesura se ha reducido a recursos ante el Tribunal Constitucional e instancias judiciales, lo que se ha cristalizado en la paralización de algunos mítines en favor del referéndum, como el de Madrid y el de Anna Gabriel en Vitoria. Sin embargo, el acto de inicio de campaña por el 1-O celebrado en la plaza de toros de Tarragona, que contó con la presencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la guardia pretoriana independentista, se celebró de principio a fin. Y fue todo un éxito, una auténtica exhibición de músculo secesionista.
El cercenamiento de movilizaciones en favor del derecho de autodeterminación ha colocado los conceptos de legitimidad y democracia en el foco mediático. El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha señalado que “ya no estamos sólo frente a una cuestión catalana: se trata de la salud democrática en España, libertad de expresión y derechos civiles”, a lo que añade que “el Gobierno quería tratarla como una "cuestión catalana", pero su ofensiva autoritaria lo ha convertido en una cuestión democrática general”.
El día después
“Lo más importante que tiene que ocurrir después del 1 de octubre es la normalidad”, afirmó Rajoy en julio. Sin embargo, todo parece apuntar que, según el calendario secesionista, el día 2 de octubre se iniciará el proceso constituyente y el día 3 se proclamaría la República catalana. Sería la estocada de Rajoy.
Gürtel, el punto más negro
Mariano Rajoy tiene el dudoso honor de ser el primer presidente de España en activo que ha tenido que declarar ante los tribunales en el marco de un caso de corrupción. Pero el asunto no quedó ahí, de hecho, no ha hecho más que empezar. La comparecencia ante el tribunal Gürtel es una de las muchas que el presidente tendrá que protagonizar para explicar sus vínculos con la trama. Ya tuvo que acudir al pleno del Congreso para explicarse y será llamado por la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular. La imagen de Rajoy sentado y respondiendo sobre los sobresueldos de Luis Bárcenas y su relación con Francisco Correa se repetirá. Y puede que en más de una ocasión.
Un PSOE "podemizado"
Desde que el Partido Popular perdiera en las urnas su mayoría absoluta, numerosos han sido los alegatos a la “seriedad”, a la “responsabilidad” y al “sentido de Estado” que la formación de Rajoy ha realizado al PSOE. El objetivo era que, “como en Alemania”, se convirtiera en un potencial socio para sacar adelante iniciativas parlamentarias. Sin embargo, no solo no se ha producido, sino que, además, tras un proceso de primarias que se saldó con la victoria de Pedro Sánchez, los socialistas han emprendido un camino junto a Podemos. Sánchez se reunió con Iglesias y acordaron la apertura de una vía permanente de comunicación, con grupos de trabajo conjuntos, que se materializarán en iniciativas conjuntas. En otras palabras, el que Rajoy quería como socio le ha dado la espalda y se ha sentado con su archienemigo. Eso sí, siempre les quedará Ciudadanos.
Un Gobierno del que nadie se fía
Y todo esto cuenta con una coyuntura nunca jamás vista. Rajoy tiene que lidiar con semejante temporal sin apoyos y con un Gobierno del que nadie se fía. Las grabaciones del ministro de Interior Jorge Fernández Díaz con el por entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y la denominada Operación Cataluña, bien le sirvieron a Fernández Díaz para ganarse una reprobación en la Comisión de Interior. Rafael Catalá, ministro de Justicia, fue acusado por injerencias en la cartera de la que es titular y reprobado por el Congreso de los Diputados, erigiéndose así como el primer ministro de la Democracia en ser reprobado por el Parlamento; y Cristóbal Montoro se sumó a la lista por su Amnistía Fiscal. Por cierto, los dos únicos ministros de la historia de la Democracia de España que fueron reprobados por el Congreso son también los peor valorados y, curiosamente, los que más cobran.
A la lista de dirigentes reprobados se unió también el número dos de Juan Ignacio Zoido (ministro de Interior), José Antonio Nieto. El Congreso reprobó al secretario de Estado de Seguridad por haberse reunido con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, hoy en la prisión de Soto del Real. El encuentro se produjo en abril, mientras se estaba investigando el caso Lezo. En suma, Rajoy ya cuenta tres ministros y un secretario de Estado reprobados. Todos ellos siguen en sus sillones.
