El exfiscal jefe de Catalunya José María Mena no está de acuerdo con el argumento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para mantener en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Entrevistado en 'Els Matins' de TV3 ha dicho que él no ve la violencia que se les atribuye para acusarles de un posible delito de rebelión. “En vista de lo que dice la Guardia Civil, yo no veo que exista el concepto de violencia determinante de un delito de rebelión”, ya que la rotura de cristales o el destrozo de coches de la Benemérita no puede considerarse como tal.

En su opinión, Junqueras, Forn y los Jordis son "presos políticos" porque su acción ha sido política. “Si, además de tener un objetivo político, rompen cosas o hieren a personas, entonces el comportamiento no es político, pero ¿qué han hecho esas personas aparte de un comportamiento puramente político?”

Ha puesto como ejemplo que “históricamente en la cola de las manifestaciones había unos salvajes que rompían cristales”, pero que no por ello se señalaba a los promotores de las marchas como responsables, y ha expuesto que para considerar el delito de rebelión es necesario que los organizadores hayan previsto y calculado voluntariamente que se genere violencia.

En este sentido, cuestiona el atestado de la Guardia Civil porque “se construye a partir y en apoyo de la posición inicial de la querella de la Fiscalía”, que defendía que hubo un levantamiento violento. Tras criticar la "sorprendente coherencia y similitud de planteamiento” subraya que se dedican pocas líneas a hablar de violencia y muchas sobre el independentismo.

Mena también ha apuntado las posibles injerencias del Gobierno en el trabajo de la Fiscalía. “Cuando el inefable ministro de Justicia sale diciendo qué van a hacer los tribunales después, anticipándolo, es razonable que la gente piense que no está como adivino sino como precursor” de la decisión del juez.

José María Mena (Villarcayo, Burgos 1936) fue fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante 10 años hasta su jubilación en 2006. En 1984 se hizo cargo, junto con Carlos Jiménez Villarejo, de la querella contra Banca Catalana y apoyó al juez Baltasar  Garzón en la causa iniciada contra él por investigar los crímenes del franquismo. Fue uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales.