Han sido muy rápidos y la respuesta no ha sido ni mucho menos la esperada. El Consejo de Estado ha echado por tierra los argumentos del Gobierno para impugnar, aunque aún no haya ocurrido, la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.
La máxima institución consultiva del Estado ha determinado que “no hay fundamentos para la impugnación” de la investidura de Puigdemont el próximo 30 de enero, como ya ha confirmado el presidente del Parlament después de la consulta enviada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy esta mañana.
Según ha trascendido del informe realizado de urgencia esta tarde en una reunión extraordinaria de la comisión permanente del Consejo, consideran que no es posible interponer recursos a título preventivo o la adopción de medidas cautelares para actos futuros.
Hay que atender a que la opinión del Consejo es meramente consultiva, y un trámite para que el Gobierno interponga recurso de inconstitucionalidad ante una actuación de cualquier cámara autonómica. Ahora será el Consejo de Ministros de mañana viernes el que decida después de que la vicepresidenta haya apoyado el eventual recurso, argumentando que Puigdemont tiene un “estatus jurídico incompatible con su presencia física en el Parlament”. Porque el expresident de la Generalitat “no tiene derecho de deambulación y tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto en manos de la Justicia”.
El Gobierno sigue adelante
Poco después de conocer la resolución del Consejo de Estado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reaccionado anunciando que seguirá adelante con su recurso al Constitucional ya que, como se ha dicho, el informe requerido es meramente consultivo. Con esta decisión de recurrir al TC la investidura de Carles Puigdemont, incluso sin el apoyo del Consejo de Estado, el Gobierno de Rajoy tiene garantizada la victoria de su maniobra a corto plazo, ya que la admisión a trámite de dichos recursos es automática, salvo defecto de forma, y según el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la propuesta de Puigdemont. El TC tardaría en responder al fondo de la cuestión y, para cuando lo haga, los tiempos políticos en el Parlament ya habrían pasado.
