Adiós a la unilateralidad. Esquerra y Junts per Catalunya están negociando con la CUP la fórmula para dejar atrás la proclamación unilateral de la independencia e iniciar la nueva legislatura a partir de las elecciones del 21D abriendo un espacio al pacto, que llevaría a un referéndum en el que los catalanes votarían sí o no a la independencia. Incluso no ponen una fecha tope.

Esto es un cambio de escenario. De forma implícita reconocen que no  hubo una proclamación real de la república catalana el 27 de octubre. Además, asumen la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones. Los recursos de los ex consejeros encarcelados pidiendo su libertad ya dicen que reconocen el artículo 155, aunque los de ERC no usan  el verbo "acatar".

Esta postura, si finalmente acaba imponiéndose, acercaría el mundo independentista a los Comunes, que siempre han defendido la negociación con el Estado para acordar una consulta.

Programa electoral conjunto

Según publica naciodigital.cat, ambas formaciones ya han pactado nueve puntos que irán en los programas electorales de las dos candidaturas, las lideradas por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Ahora, falta negociar con la CUP. Los cupaires mantienen, como mínimo hasta ahora, que el 21D tiene que servir para aplicar ya las leyes de transitoriedad, pues ellos sí que creen que la República catalana ya fue proclamada y que está en vigencia. No obstante, ningún texto legal amparo esta proclama y Cataluña no han recibido ningún reconocimiento internacional, a estas alturas.

Así, el punto octavo del programa electoral conjunto dice que los dos se comprometen después de las elecciones a "impulsar un gran acuerdo de país, que con voluntad democrática y vocación constituyente, ensanche todavía más por medio de instrumentos de toma de decisión y debate participativos, la amplia mayoría ciudadana partidaria que Cataluña pueda ejercer libremente el derecho en la autodeterminación".

Finalmente, el acuerdo programático afirma que se pretende "lograr una negociación bilateral con el Estado español y a la vez con la Unión Europea –como sujeto de derecho internacional- a partir del cual, sin ninguna renuncia previa por parte del Parlamento y el Gobierno, se haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia y la efectiva y pacífica articulación democrática a la República catalana".

Otros puntos que ya se encuentran acordados son la liberación de los "presos políticos", la retirada de los efectivos policiales especiales desplegados a raíz del referéndum del 1de octubre, los cuales son considerados "responsables de la represión", así como la finalización de la "presión policial y judicial que debajo diferentes formas y con grados de intensidad diversos, coarta el ejercicio de los derechos democráticos y las libertades públicas de la ciudadanía de Cataluña".

Otro punto es la exigencia de la asunción de responsabilidades políticas por "la operación represiva para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, que provocó más de 1.000 heridos, y la retirada de todos los procesos penales y administrativos con motivo de su convocatoria, así como la consulta del 9 de noviembre de 2015".

Una sola investigación judicial

Precisamente, hoy se ha conocido que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está de acuerdo en que la investigación judicial por el 1 de octubre y la proclamación de la independencia que ahora tramitaba ella y acusaba el Gobierno cesado de rebelión, sedición y malversación de recursos públicos pase al Tribunal Supremo, quién es el encargado de instruir el sumario contra la Mesa del Parlament, por lo cual sólo será un tribunal el que haga la investigación. Así mismo, el TSJC y el juzgado de instrucción 13 de Barcelona también han remitido sus sumarios al magistrado Pablo Llarena. Ahora será el Supremo el que tiene que decidir la libertad de los ex consejeros que siguen encarcelados.

En cuanto a los que están en Bruselas, sigue el proceso de extradición iniciado. Fuentes jurídicas consideran muy probable que el magistrado Llarena decrete la libertad bajo fianza por Junqueras y los otros ex consejeros. Así, podrían iniciar la campaña electoral, pues casi todos ellos son candidatos, a excepción de Meritxell Borràs y Joaquim Forn.

Garantías

Otro de los puntos acordados es la defensa de las instituciones de Cataluña "ante la agresión que representa la suspensión de nuestro autogobierno a raíz de la arbitraria aplicación del artículo 155 de la Constitución española, exigir su retirada y acabar con la intervención de las finanzas de la Generalitat".

"Reclamar en el Gobierno español un compromiso ante la comunidad internacional por medio del cual se garantice su respeto escrupuloso a los resultados de las elecciones del 21-D, sea qué sea su signo", dice el punto quinto.

Mariano Rajoy ya ha asegurado que respetará los resultados del 21D. No obstante, ERC y JxCat mantienen que en el supuesto de que se confirmara una nueva mayoría independentista, el Gobierno español tendría que asumir "democráticamente" estos resultados y no volver a "actuar ilegítimamente y abusando de su posición de fuerza contra las iniciativas que desarrolle la Generalitat en cumplimiento del mandato de las urnas. En este sentido, hay que exigir la retirada de todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por el gobierno español contra normas y acuerdos emanados del Parlamento o el Gobierno de Cataluña".

Se pide a la Unión Europea que "vele especialmente" porque los derechos de la ciudadanía de Cataluña, en cuanto que ciudadanos europeos, no sean vulnerados bajo ningún concepto por las iniciativas administrativas y/o judiciales de las instituciones españolas.

Finalmente, se proponen que se contrarresten los efectos de la "campaña contra la economía catalana orquestada por el gobierno español, que ha construido interesadamente una atmósfera artificial de caos, violencia e inestabilidad para perjudicar los trabajadores y la competitividad de las empresas". Como último punto consensuado por Esquerra y Junts per Catalunya hay la defensa del modelo de la escuela pública catalana "de cualquier injerencia del Estado", así como la reivindicación de la dignidad y la profesionalidad de sus docentes "contra los ataques y las campañas calumniosas que están sufriendo".