La política exterior del primer gobierno independentista de Cataluña fracasó ante todos los estados del mundo, no así en la divulgación mediática internacional del conflicto, apoyada por el gran impacto informativo de algunos de los hechos acaecidos en el pasado otoño. El 155 cerró las embajadas catalanas y la primera decisión del nuevo consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, será reabrirlas para mantener vivo el pulso con la diplomacia española, cuyo titular, Josep Borrell, parece dispuesto a soportar el mucho ruido que producen, atento a las pocas nueces que obtienen y sin caer en la tentación de cerrarlas. 

Los diputados de Junts pel Sí todavía recuerdan uno de sus peores momentos de la anterior legislatura, vivido en las horas previas a la sesión del Parlament en la que se quería proclamar la independencia. Interpelado reiteradamente el consejero de exteriores, Raül Romeva, sobre los apoyos previstos para la república catalana éste no tuvo más remedio que confesar la inexistencia de perspectiva alguna. Tras meses de respuestas evasivas pintadas con guiños de hipotéticas complicidades y mediaciones, en el momento de la verdad, no pudo evitar su previsión, luego cumplida con exactitud: ningún apoyo.

La propaganda exterior del Procés se ha demostrado mucho más eficaz despotricando del Estado Español por sus supuestos déficits democráticos que ganado adeptos a la secesión de Cataluña. Esta operación periodística se dirige y desarrolla desde Barcelona, limitando a las oficinas en el extranjero a un papel muy simbólico, pura intendencia. Hasta ahora, el gobierno español ha perdido claramente la batalla de las opiniones públicas y ha ganado la de las cancillerías, lo que en opinión de Ernest Maragall no supone ningún secreto, según explicó en Bruselas: “Europa es una omertà; hoy por ti, mañana por mí”.

La Generalitat abrirá en una primera fase sus embajadas disfrazadas de oficinas comerciales en Washington, Ginebra, Berlín, Roma y Londres, además de la situada en Bruselas, que el gobierno del PP no cerró cuando gestionaba el 155. El objetivo especificado por el consejero es el de “seguir avanzando desde donde estábamos el 1-O”. La reapertura es, en sí misma, el mensaje para subrayar la inutilidad de la intervención estatal.

El ministro Borrell tiene claro que las oficinas en el exterior “no se pueden cuestionar, si se sitúan en el ámbito de sus competencias”, la promoción comercial. Las cartas de la partida exterior ya están repartidas, aunque no todas. Queda por conocer el papel y la capacidad de acción del consejo de la república que debe instalarse en Bruselas, aunque su futuro dependa de lo que se decida en el tribunal de Schleswig-Holstein en los próximos días respecto de Carles Puigdemont.

Los gobiernos europeos habrán recibido ya una carta real enviada por el presidente Quim Torra a quienes considera sus homónimos. En el texto, subraya su voluntad de negociación, a pesar de las difíciles circunstancias en las que se mueve el ejecutivo catalán. La versión de la realidad que ofrece este mensaje permitirá a Borrell hacer una primera ronda telefónica con sus colegas de la Unión para alertarles de la tendencia de algunos independentistas a saltarse ciertos hechos.

Torra pone el énfasis en la existencia de dirigentes honorables en prisión preventiva o en el exilio, acusados de rebelión; obviando detalles substantivos como la actuación del anterior gobierno de Carles Puigdemont a partir de leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional por haber vulnerado el Estatuto y la Constitución. Tan verdad es una cosa como la otra y no se puede entender la primera sin conocer la segunda. El funesto otoño de 2017 no admite relatos interesados, aunque sea en inglés.