Cataluña
Carles Puigdemont durante la entrevista en TV3.
Carles Puigdemont.
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:
ACN / Archivo

Investigan contratos de la época de Puigdemont como alcalde de Girona por posible prevaricación

El juez ha detectado irregularidades en la empresa municipal Agissa de Girona

Mié, 13 Jun 2018

La justicia está investigando contratos de la época de Carles Puigdemont como alcalde de Girona por los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona por irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de aguas de Girona, Agissa, entre 1998 y 2013.

La investigación se enmarca en la operación que la Guardia Civil lleva a cabo desde este miércoles por la mañana en busca de documentación del organismo público durante el mandato municipal de Puigdemont. El juez Manuel Marcelo imputa al expresidente delitos presuntamente cometidos cuando fue alcalde de Girona entre los años 2011 y 2016, coincidiendo con la última etapa investigada de gestión de Agissa y antes de que fuera nombrado presidente de la Generalitat.

El juzgado ha requerido documentación a los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter i Salt. 

La investigación se centra en la renovación del contrato de suministro de agua a Agissa en 2013, cuando Puigdemont era alcalde y a pesar de las irregularidades que se habían detectado con anterioridad. El caso en cuestión deriva de una denuncia presentada por la CUP, el 2015, contra directivos de Agissa. Entre ellos, quién fue consejero delegado de la empresa, Narcí Piferrer.

El 19 de septiembre de 2017 la Guardia Civil, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juez, ya llevó a cabo otra operación bautizada con el nombre de Aquarium durante la cual se llevaron a cabo otros 15 registros.

Los agentes entraron entonces en las oficinas de tres empresas vinculadas al Ayuntamiento de Girona. Además de Agissa, la Guardia Civil accedió en las sedes de Girona SANO y Prodaisa SANO, empresas privadas relacionadas con Agissa. Girona SANO es la propietaria del 80% y Prodaisa es filial de la primera. Aunque las primeras diligencias de investigación las abrió la Fiscalía Provincial de Girona, Anticorrupción la asumió después de que la Agencia Tributaria realizara un informe por orden del juez de Vendrell, Josep Bosch, que instruía la financiación ilegal de CDC -el llamado caso 3%-, revelando irregularidades en la gestión de Agissa. La instrucción del caso 3% está ahora en manso del juez de la Audiencia Nacional, José de Mata.