El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que no tiene competencia para resolver sobre la no publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) del decreto de nombramiento de los consejeros. Este viernes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció que pediría al tribunal medidas cautelarísimas tras recibir el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora que concluyó que el Estado debe permitir la publicación del decreto.

La sección quinta de la Audiencia del tribunal ha deliberado este lunes sobre el recurso presentado y ha concluido que no tiene competencia para abordarlo ni para resolver sobre las medidas cautelares para que se dirige contra el gobierno español. El TSJC ha dado 10 días hábiles a las partes para presentar alegaciones.

Así, durante este plazo, las partes podrán presentar alegaciones antes de que la sala resuelva a través de un auto si acaba admitiendo o no el recurso a trámite.

Torra anunció el viernes que pediría medidas cautelarísimas al TSJC con el objetivo de que el tribunal obligara al Estado a permitir la publicación del nombramiento de su Gobierno.

Nueve días después de que Torra firmara el decreto de nombramientos, pues, la toma de posesión del nuevo Govern sigue bloqueada, ya que el Gobierno del Estado no ha publicado las designaciones en el DOGC y el presidente de la Generalitat no renuncia a los nombres de Turull, Rull, Comín y Puig.

Sin embargo, en las próximas fechas el auto de procesamiento del Tribunal Supremo sobre el proceso soberanista podría ser ya firme, por lo que, si los consellers designados en prisión o en el extranjero quedan suspendidos, el Gobierno tendrá una razón más para no publicar el decreto de nombramientos del 19 de mayo, mientras que Torra podrá elegir a otros nombres que sí puedan ejercer el cargo.

Torra anunció el viernes que, en caso de que el Gobierno del Estado mantenga su “bloqueo” al nuevo Govern, adoptará “medidas legales pertinentes para hacer respetar los derechos” de los consellers designados, sin descartar una querella por “prevaricación” contra Mariano Rajoy.

La Comisión Jurídica Asesora concluyó que el Estado debe permitir la publicación de los nombramientos y también avaló que los consejeros ausentes puedan tomar posesión. Así, el texto considera que el Gobierno no puede impedir la publicación del decreto en el DOGC, ni puede evitar tampoco la toma de posesión del nuevo ejecutivo catalán.

El dictamen fija que “las atribuciones estatutarias del presidente de la Generalitat tendentes a la constitución del Gobierno tienen naturaleza discrecional y no están sometidos a ninguna autorización ni control derivados de las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155”.

Además, el dictamen admite que la publicación en el DOGC está sometida a la previa autorización por parte del gobierno español, pero recuerda que “esta autorización conlleva un control meramente formal y constituye un acto debido y reglado”. En este sentido, el dictamen afirma que, “en caso de que no se otorgue o que se deniegue expresamente, los órganos que han de autorizar la publicación del decreto incurren en un incumplimiento que es contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, susceptible de control judicial”.