El futuro de la moción de censura anunciada por el PSOE depende de la predisposición de Pedro Sánchez a aceptar los votos de los grupos independentistas catalanes y del desafío de éstos a votar en el Congreso de los Diputados al candidato del partido al que han demonizado en el Parlament, como integrante del tripartito del 155. Salvo que Ciudadanos se sumara a Podemos y a los socialistas, los diputados de ERC y PDeCAT serán decisivos, lo que les obligará a elegir entre la prioridad de derrotar a Rajoy a cuenta de la corrupción insostenible o mantenerse al margen para salvaguardar su intransigencia soberanista.

Pedro Sánchez deberá afrontar idéntica disyuntiva en sentido contrario. La obligación moral de censurar al PP, difícil de ignorar, le obligará a sumar los votos procedentes de los partidarios de la secesión a los que considera peligrosos enemigos de la unidad de España, a menos que sea capaz de convencer a Albert Rivera que en materia de lucha contra la corrupción no hay cálculos electorales que valgan.

La respuesta a estas dudas existenciales no solo permitirá avanzar el éxito o el fracaso aritmético de la moción de censura sino también la posibilidad de un retorno al pragmatismo en la política catalana con la ruptura de los bloques. En el Parlament dicha ruptura ha resultado imposible. Todas las propuestas para superar el frentismo identitario con una mayoría de izquierdas formada desde la transversalidad, con especial empeño por parte de los Comunes, han fracasado. El 155 y los políticos encarcelados de forma preventiva por el juez Llarena han supuesto un obstáculo insalvable para el reencuentro de la izquierda catalana, incluido el PSC. De la misma manera que la unilateralidad y la gesticulación desobediente impide a los socialistas catalanes cualquier acercamiento a ERC, sus antiguos socios de gobierno.

¿Las líneas rojas infranqueables establecidas en Cataluña tienen vigencia en Madrid? Hasta ahora, sí. De levantarse dichas alambradas, el Congreso recuperaría un protagonismo esencial para desbloquear un conflicto que amenaza de convertirse en una inacabable guerra de trincheras entre dos ideas irreconciliables, de no aceptarse transaccionales. Para que esto pueda llegar a suceder, primero habrá de crearse un marco de confianza; sin duda, ayudaría a conseguirlo una victoria compartida ante el partido del gobierno por su sentenciada corrupción.

La existencia de una fuerza política en Cataluña nacida expresamente para explotar el Procés hasta sus últimas consecuencias, el legitimismo de Puigdemont-Torra organizado en el Moviment 1 d’octubre, podría condicionar o torpedear los planes de ERC y PDeCAT de apoyar la iniciativa política del PSOE. Para materializarlos, sus respectivos diputados no solo deben asumir que en Madrid se puede actuar con una lógica diferente al empantanamiento defendido en el Parlament, sino también contemplar la posibilidad que el radicalismo secesionista no lo entienda.

La proyección electoral de Ciudadanos, tan beneficiado como Puigdemont y los suyos de la polarización identitaria, pueden limitar también la libertad de movimientos de Pedro Sánchez. El temor a consolidar al partido de Rivera como alternativa de gobierno, mostrando la más mínima condescendencia con los partidos que quieren romper España, le pueden llevar a reclamar a los hipotéticos socios independentistas de la censura un apoyo sin concesiones, tal vez reafirmándose, todavía más, en su cerrada alianza con PP y Ciudadanos para una prolongación o reactivación del 155 en cuanto convenga, para compensar posibles daños por tal apoyo, o para hacerlo simplemente imposible.

Con tanta contradicción sobre la mesa de negociación, un programa de gobierno alternativo para después de la moción se intuye altamente improbable, desde el flanco España-Cataluña, aunque también habrá que ver la viabilidad desde el flanco PSOE-Podemos o el de la inclusión del PNV en este frente anti PP. Queda el ensayo de la moción para convocar elecciones urgentes, sin aspiraciones por parte del PSOE a capitalizar un mínimo período en la Moncloa. Un acto solidario de moralización política, a riesgo de ser interpretado por una parte de la opinión pública y del electorado español como una apuesta por la inestabilidad institucional justamente cuando está en juego la unidad de España. Mucha exposición para tan solo acortar, quizás, el camino de Rivera a la presidencia.