Cataluña será gobernada por un gobierno autonómico que hablará el lenguaje republicano. Esto pondrá de los nervios a más de uno, sea militante de la CUP, miembro del gobierno español, fiscal general del estado o magistrado del Tribunal Constitucional. Además, por primera vez desde que regresó Josep Tarradellas, la oposición catalana le ha hincado el diente al hueso de la xenofobia, gracias a unos viejos artículos del nuevo presidente, Quim Torra, de los que ayer se declaró arrepentido.
Estos dos son los grandes interrogantes de la etapa inaugurada con su investidura, que se antoja corta además de provisional: ¿soportará el Estado la gesticulación soberanista-republicana de Torra sin caer en la presión de Ciudadanos para eternizar el 155? Y ¿conseguirá Torra disipar las acusaciones de esencialista que le preceden con sus actos como presidente o quedará atrapado por siempre jamás en el lado oscuro del nacionalismo?
El plan del nuevo presidente es sencillo de formular y difícil de ejecutar. Allí donde en la anterior legislatura se referían a las estructuras de estado (nunca construidas), ahora se hablará de hacer república (difícil de levantar con la legislación vigente) y dónde unos puedan entender que están invitados a pensar en el mejor país posible, los otros podrán interpretar que están elaborando la constitución de la república, fundada, a juicio de la CUP el 1-O. Un juego de palabras siempre pendiente de la Fiscalía y del estado de ánimo de Puigdemont, de quien en la segunda sesión de investidura ya solo de acordó Torra y el corresponsal de TV3 en Berlín.
Todo es extraordinario en Cataluña. Un presidente que reconoce a otro presidente como el legítimo; unos diputados antisistema que no apoyarán al gobierno que vaya a nombrar el presidente pero sin impedir su investidura a pesar de poder hacerlo; un parlamento que funciona con votos delegados por culpa de la existencia de diputados procesados bien en prisión preventiva o en el extranjero; unas instituciones siempre pendientes de la amenaza de convertir el 155 en un método de trabajo político, según dijo al otro día Mariano Rajoy; una clase política especializada en las medias verdades, capaz de reconocer errores propios sin ningún propósito de enmendarlos, eso sí, exigiendo la rectificación al adversario; y un gran interés en investigar las consecuencias de estos meses de 155 pero muy poco en determinar las causas de su aplicación.
Y todo esto, como si tal cosa. Sergi Sabrià, el portavoz de ERC, lo dijo muy claro: el nuevo gobierno permitirá institucionalizar el conflicto. Dando la razón sin querer a Miquel Iceta, que advirtió a Torra del peligro de convertir su presidencia en la zona cero de las instituciones catalanas, incluidos Estatuto y Constitución. Tal vez ya sea un poco tarde para desandar lo andado por unos y otros y la proverbial ironía de Quim Torra vaya a ser insuficiente para salir del paso.
La escuela Puigdemont ha triunfado plenamente entre lo suyos, su variante política de la tierra es plana, pronto tendrá nuevo gobierno con un lema inequívoco: nosotros decimos que vivimos en la república, el que se lo crea, estupendo, y el que no, que lo impugne, pero que sepa que está equivocado y contradice la verdad revelada.
Para evitar más discusiones de las necesarias, el independentismo creará sus propias estructuras, el consejo de la república, y la asamblea de cargos electos independentistas y promoverá un proceso constituyente para que la media Cataluña que sabe ver lo que ven sus dirigentes pueda discutir su constitución.
Paralelamente, Torra ha prometido recuperar, desde el gobierno interior, las leyes prohibidas por el Constitucional, sin especificar como lo va a conseguir, y ha anunciado un programa de actuación muy parecido al que se vienen proponiendo desde 2015, sin hacer ninguna referencia a la financiación del mismo, ni tan solo a su predisposición a participar o no en la renovación del modelo de financiación autonómica. Conocemos más detalles del programa simbólico que del real, toda una premonición.
