Pablo Llarena mantiene el procesamiento de Carles Puigdemont y los otros 22 inculpados y rechaza los recursos de reforma planteados por todos ellos, así como también el recurso de la acusación particular ejercida por Vox, que pedía procesar a Artur Mas y Neus Lloveras. En este caso, Llarena no ve ninguna implicación.
El 21 de marzo, Llarena dictó el auto de procesamiento y detalló los delitos por los 23 acusados que en el auto de hoy de 85 páginas mantiene inalterados: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn están acusados de rebelión y malversación, los mismos delitos que Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Dolors Balsa y Clara Ponsatí. El juez Llarena acusa de rebelión a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. Así mismo, mantiene las acusaciones de desobediencia por Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya y Anna Gabriel. Finalmente, acusa de desobediencia y malversación a Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.
El instructor se reafirma en qué existió violencia, requisito de la rebelión, a pesar de que abre la puerta, por primera vez, a acusar por el delito de conspiración por la rebelión. También asegura que los datos remitidos por Hacienda no sólo no contradicen sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude, con su investigación sobre el delito de malversación. Ahora los procesados ya pueden presentar los recursos de apelación.
En la interlocutoria, que también rechaza el recurso de Vox, Llarena destaca que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre los gastos del 1-O, puesto que estas eran más matizadas del que ellos defendieron, y de hecho apuntaron a "la posibilidad material que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada".
Respecto a la "inviolabilidad parlamentaria" esgrimida por los miembros de Mesa del Parlamento contra su procesamiento por desobediencia, el magistrado contesta que la inviolabilidad no protege a quien convierte la sede de representación ciudadana "en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva" ideada desde fuera de la actividad parlamentaria
