La Mesa del Parlament, gracias a la mayoría independentista, decide presentar una querella contra Pablo Llarena por prevaricación. JxCat y ERC consideran que el magistrado del Tribunal Supremo habría vulnerado los derechos políticos de Jordi Sànchez al no dejar que participe en su sesión de investidura como candidato a presidir la Generalitat.
Los letrados de la Cámara han alertado de que ellos no son especialistas en derecho penal. Además, han puesto en entredicho que el Parlament, como institución, pueda ser la instancia que inicie esta querella. Así, han dicho que podría ser el mismo Jordi Sànchez, o su grupo parlamentario, Junts per Catalunya, quienes la presentaran como parte perjuicada. Ciudadanos, por su parte, ha alertado de una eventual malversación de fondos públicos, mientras que En Comú Podem ha pedido que antes de que el Parlament presente la querella se pida un informe jurídico a especialistas para si es de preoceder y que mientras tanto se presente una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
Los letrados también han explicado que una acción penal debe ser el último paso y han sugerido pedir un informe a un despacho penalista.
Así y todo, la mayoría independentista ha encargado a los servicios jurídicos del Parlament que presente esta querella contra Llarena.
Hace una semanas, concretamente el 6 de marzo, el portavoz parlamentario de JxCat, Eduard Pujol, ya anunció una querella contra Llarena si no concedía la libertad a Sànchez para ser el candidato a president.
Ahora, la mayoría independentista esgrime un comunicado del comité de derechos humanos de las Naciones Unidas en el que se registra la petición de Sànchez de que el Estado español habría vulnerado sus derechos políticos. Este comité da seis meses para que el Estado español se pronuncie.
Reacciones de la oposición
El PP ha calificado de "querella de interés político" la decisión de la Mesa y ha advertido que el Partido Popular estudiará si se trata de una malversación de caudales públicos, pues se trataría de usar dinero público para fines partidistas.
El PSC, por su parte ha criticado el "uso partidista" del Parlament para presentar una querella cuando la mayoría independentista "no es capaz de ponerse de acuerdo". Eva Granados ha recordado que los soberanistas "engañan" a la ciudadanía porque ni Jordi Sànchez ni Jordi Turull habrían sido elegidos por falta de los votos suficientes. "El problema no es el nombre sino qué hacer", ha afirmado Granados.
Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha coincidido con los socialistas en criticar el uso partidista de la cámara y ha aseverado que está "harta" de las escenificaciones de los independentistas y ha alertado que Torrent está "en el mismo camino que Carme Forcadell". Asimismo, para Arrimadas Torrent se está comportando como el "despacho de abogados de Sànchez y Puigdemont".
Podem apoya la querella
Finalmente, Elisenda Alamany (En Comú-Podem) se ha alineado con las formaciones independentistas y ha calificado de "buena noticia" la decisión de presentar una querella contra Llarena ante el "abuso de poder".
