Como era de esperar, el juez Pablo Llarena ha denegado a Jordi Sànchez tanto la libertad, como un permiso penitenciario o una videoconferencia para someterse a la sesión de investidura como presidente de la Generalitat. Para Llarena, persiste la reiteración delictiva, la misma figura que el pasado mes de marzo ya denegó a Sànchez la posibilidad de someterse a la sesión de investidura. Para Llarena, la reiteración delectiva no se conjura con ninguna de las medidas de libertad, conducción policial o intervención en la sesión de nombramiento mediante mecanismos telemáticos.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha decidido aplazar el debate de investidura. Torrent ha convocado una mesa extraordinaria mañana viernes a las diez y media de la mañana para dar respuesta a la “vulneración de derechos del Tribunal Supremo”.

Torrent apelará a organismos internacionales

Horas antes de conocerse la decisión de Llarena, Torrent ha explicado en la Cadena Ser  su intención de apelar a los organismos internacionales. “Si no se respeta la legalidad internacional, haremos una reflexión profunda sobre la responsabilidad del Parlament y que seguro incorporará un elemento internacional de relación con los órganos que deben defender la legalidad internacional que no se estarían cumpliendo. Trabajamos en muchos frentes y es cierto que tenemos relaciones internacionales también. Y la ONU y la UE deben de plantear también la defensa de estos valores democráticos", ha dicho. Torrent se acoge a una notificación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que se toma en consideración la presunta vulneración de los derechos políticos de Sànchez. Este comité da seis meses a Espanya para que dé su versión antes de iniciar el expediente.

Comité de Derechos Humanos

Por lo que se refiere al Comité de Derechos Humanos, Llarena explica que "ese llamamiento a que las actuaciones estatales contemplen la relevancia del derecho mientras se esclarece la queja, ni supone que el Comité  [De Derechos Humanos] haga una indicación concreta que nunca puede ser vinculante para el tribunal, ni siquiera osa sugerir que la tutela cautelar de los derechos políticos del procesado deba pasar por la adopción de alguna de las decisiones que el solicitante expresa, esto es, posibilitar en alguna manera que sus derechos políticos se ejerzan de una manera íntegra y que pueda producirse su eventual nombramiento como presidente de la Generalidad de Cataluña".

Respecto a la doctrina constitucional y europea de derechos humanos, el magistrado Llarena explica que ya en tres resoluciones anteriores se ha indicado al procesado que la limitación de los derechos políticos de un individuo es adecuada cuando esté fundada en otras finalidades constitucionalmente legítimas, como deriva tanto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La decisión de Llarena, esperada en las filas independentistas, forma parte de la estrategia auspiciada para la internacionalización el conflicto. Así, ahora el Estado debe tener los ojos puestos en la justicia alemana (extradición de Carles Puigdemont), la belga (Meritxell Serret, Antoni Comín y Lluís Puig) y escocesa (Clara Ponsatí).

Precisamente, Ponsatí no conocerá si es extraditada o no hasta finales de julio, mientras que los tres exconsellers que se encuentran en Bèlgica deben comparecer el próximo miércoles ante el tribunal.

Asimismo, los independentidstas esperan una masiva afluencia a la manifestación convocada para do,mingo por la mañana en Barcelona. En estos momentos, ya hay contratados més de 80 autocares.