Presencial o por videoconferencia. Jordi Sànchez ha pedido al juez Pablo Llarena que le deje asistir al pleno de investidura a presidente de la Generalitat.
La defensa del expresidente de la ANC, encarcelado en Soto del Real acusado de rebelión, ha presentado hoy martes un escrito ante el Tribunal Supremo para pedir al magistrado Llarena que Sànchez pueda asistir al pleno de investidura, que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este viernes 13 de abril.
El letrado Jordi Pina pide tres alternativas: en primer lugar solicita la puesta en libertad del candidato; en caso de negativa, propone que le conceda un permiso penitenciario para ir presencialmente al pleno y como tercera opción pone encima de la mesa que se le permita intervenir a través de videoconferencia.
Esta es la segunda ocasión que la defensa de Sànchez se dirige al Supremo para pedirle que pueda ser investido. Ya lo hizo con motivo del pleno del 12 de marzo, cuando Llarena denegó la salida de Sànchez aduciendo "riesgo de reiteración delictiva".
Resolución de la ONU
En este nuevo escrito, la defensa aprovecha para recordar a Llarena la "resolución" del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de marzo, donde se insta el gobierno español a tomar medidas cautelares para garantizar sus derechos políticos, según la versión defendida por el independentismo. La defensa de Sànchez ya hizo llegar esta resolución al juez Llarena, que no ha emitido, de momento, ningún pronunciamiento al respeto.
No obstante, este escrito del Comité es un acuse de recibo y da seis meses al Estado español para que conteste si Sànchez tiene restringidos sus derechos. Será entonces cuando el Comité iniciará un expediente.
En el escrito dirigido al juez, el letrado de Jordi Sànchez recuerda a Llarena que todavía tiene sobre la mesa (y sin responder) un escrito presentado el 26 de marzo, después de la comunicación de la ONU. Según el abogado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó el gobierno español a tomar medidas cautelares para garantizar los derechos políticos de Sànchez
En el escrito del 26 de marzo, la defensa de Sànchez ya pedía a Llarena que "restableciera plenamente" los derechos políticos de Sànchez, incluyendo su derecho a acceder a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Este es el segundo intento de Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. Tras la negativa del juez en aquel momento, Sànchez pidió días después la libertad asegurando que no podría reiterar en el delito pues abandonaría la política y volvería a dar clases en la universidad.
