La detención de Carles Puigdemont por la policía alemana y su eventual regreso a España para comparecer ante el juez Llarena va a encender los ánimos del independentismo radical, muy crispado e indignado desde el pasado viernes por el procesamiento y encarcelamiento de los seis dirigentes soberanistas. De materializarse esta probabilidad, también se va a despejar el gran obstáculo para la formación de un gobierno autonomista de la Generalitat presidido por un independentista.

La investidura de un presidente sin cargos ni amenazas judiciales serviría para levantar el 155 y de rebote para allanar el camino de los presupuestos generales del estado, congelados por la negativa del PNV a votarlos mientras las instituciones catalanas permanezcan intervenidas por el gobierno de Mariano Rajoy.

La negativa de los diputados Puigdemont y Comín a renunciar a su acta, combinada con la posición intransigente de la CUP de oponerse a todo aquel que no se comprometa a desplegar la república que está en su mente, supone un obstáculo insalvable para la formación de un gobierno independentista de carácter realista, tal y como quedó demostrado el pasado jueves con la candidatura de Jordi Turull.

Este impasse podría haber desembocado en unas nuevas elecciones a mediados de julio, porque a pesar de existir en las direcciones de ERC y PDeCAT un runrún perfectamente perceptible favorable a la renuncia de los diputados instalados en Bruselas, también había muchas voces del sector afín al legitimismo reclamado por Puigdemont que manifestaban el rechazo a esta renuncia por considerarla un acto de sumisión al estado.

Dicha facción más bien reclamaba hasta el domingo por la mañana desempolvar la idea de la investidura telemática del ex presidente de la Generalitat, así lo expresaba la nueva presidenta de la ANC en declaraciones a RAC1. La elección de la economista Elisenda Paluzie para dirigir la Assemblea ha reforzada el ala del fundamentalismo, de la que sin duda será la nueva portavoz.

El cambio de escenario que se vislumbra a partir de un hipotético cumplimiento de la euroorden emitida por el Tribunal Supremo por parte de la justicia alemana es muy significativo. La detención de Puigdemont y su presumible suspensión del cargo de diputado forzará su sustitución como tal y no sería de extrañar que Comín debiera seguir sus pasos por el recrudecimiento de la presión de su propio partido; con la recuperación de estos votos, la mayoría independentista estaría en disposición de elegir presidente en segunda vuelta, en cuanto quisiera.

La seguridad aritmética de poder elegir presidente desaconsejaría claramente dejar pasar la oportunidad de formar gobierno con todas las ventajas que ello implica. La caída de Puigdemont haría perder también sentido a la repetición electoral que él hubiera podido forzar. La república belga quedaría huérfana, sin presidente legítimo del consejo republicano en el exilio y el plan de internacionalización del conflicto sin su protagonista central.

Además, el sector puigdemontista de JxC se quedaría sin liderazgo y en estas condiciones podría perder interés en un nuevo proceso electoral para el que no tienen un candidato indiscutible y en el que deberían enfrentarse muy probablemente a la ruptura con el PDeCAT. Los neoconvergentes no se atreven con Puigdemont quien al fin y al cabo fue su presidente de la Generalitat; pero este relación emocional no se da respecto de la mayoría de fieles del ex presidente, algunos de ellos ex militantes del PDdeCAT o enemigos declarados del partido dirigido por Marta Pascal.