Jordi Sànchez renunciará a su candidatura a la presidencia de la Generalitat. En medios independentistas se cree que el designado por Puigdemont es consciente de que su nombre no es del agrado de la CUP, que lo ha vetado. A pesar de que sus abogados han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, fuentes independentistas aseguran que antes de que finalice esta semana Sànchez hará pública su decisión para favorecer el desbloqueo de la investidura a presidente de la Generalitat.
El guion decidido antes de las elecciones marcaba que Puigdemont sería el primer candidato y que cuando la Justicia española pusiera reparos aparecería el nombre de Sànchez. Este era el acuerdo entre los sectores independentistas. No hay más nombres, de momento, sobre la mesa. Lo que no se esperaban ni JxCat ni ERC es que la CUP vetara este nombre, proveniente de la izquierda y sin vinculaciones anteriores a Convergència. El PDeCAT hará valer su primacía para resolver el embrollo.
No obstante, parece que los anticapitalistas están siguiendo el mismo guion que apartó a Artur Mas de la Generalitat en 2016. Aunque en público dicen que solo hablan de políticas, cuando llega el momento de votar a una persona se niegan e insinúan el perfil, tal y como pasó con Carles Puigdemont, ahora enraizado en Waterloo y con sus posiciones más cercanas a las de la CUP que a las de su propio partido, el PDeCAT.
A pesar de que la defensa de Sànchez anunció el viernes que hoy lunes presentaría un escrito de medidas cautelares ante las instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, finalmente ha decidido agotar las instancias judiciales españolas. Así, ha presentado un recurso ante la sala penal del Tribunal Supremo contra la denegación del permiso para asistir al pleno de investidura en el Parlament.
El recurso de Sànchez considera que la decisión del magistrado Pablo Llarena vulnera los derechos políticos, tanto del mismo Sànchez como de los dos millones de ciudadanos que votaron a las opciones independentistas.
Además, el escrito califica de "inaudito" que Llarena "haga manifestaciones sobre la oportunidad política de elegir unos candidatos y no otros". Asimismo, se afirma que algunos de los pasajes del escrito del magistrado "contienen consideraciones políticas totalmente impropias de un sistema de división de poderes".
Precisamente, JxCat anunció el pasado viernes que si Llarena no liberaba a Sànchez presentaría una querella por prevaricación. Puigdemont también se ha apuntado a esta vía.
Si al final se ha decidido optar por presentar recurso ante el Supremo ha sido por la opinión de expertos que aseguraban que la petición de medidas cautelares a Estrasburgo sin agotar las vías en España llevaban al fracaso. En el caso de que la sala penal también rechace la libertad, la defensa de Sànchez debe recurrir al Tribunal Constitucional. Siguiendo el procedimiento, será entonces cuando puede recurrir ante Europa.
De momento el PDeCat mantiene a Sànchez como su candidato. Eso sí, Marta Pascal ya ha avisado de que si Sànchez no puede ser el candidato "se deberá consensuar el nombre " del nuevo candidato entre las fuerzas independentistas. ERC, por su parte, también ha instado a formar un gobierno de la Generalitat lo más pronto posible, sea con Sànchez o con otro candidato.
El PSC recurre al TC
Por otra parte, el PSC ha presnetado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que exija que el Parlament realice la primera votación de un candidato a presidente de la Generalitat y, así, empiece a contar el reloj de convocatoria de las elecciones.
Los socialitas ya habían pedido el amparo ante el TC para que fijara medidas que permitieran poner en marcha la legislatura. Además, el PSC critica la "inacción" del presidente del Parlament, Roger Torrent, que ahora tiene aplazado el pleno de la sesión de investidura.
Si finalmente Sànchez renuncia, Torrent deberá abrir otra ronda de consultas con todos los líderes parlamentarios. Desde el PP se apunta a que Inés Arrimadas, ganadora de las elecciones, debería proponerse aunque su candidatura fuera fallida para hacer correr el rejlños de las elecciones, que se convocarían aplicando, todavía el artículo 155.
En público, nadie desea unas elecciones por su resultado incierto. Incluso desde el independentismo se teme una abstención de sus votantes por su incapacidad de llegar a un acuerdo. El domingo, la ANC solo puso unas 50.000 personas en la calle reclamando la república. Es la manifestación independentista menos numerosa de los últimos años.
