Cristóbal Montoro persiste en encontrar malversación de fondos en la Generalitat del procés. El Ministerio de Hacienda ha remitido un requerimiento a la Intervención de la Generalitat para que le detalle los pagos efectuados a empresas, personas y entidades, presuntamente favorables a la independencia.
Además de reclamar el importe, Montoro exige que se identifique a los funcionarios o autoridades responsables de los pagos.
Según el listado al que ha tenido acceso La Vanguardia, aparecen numerosos medios de comunicación o empresas ligadas a ellos, pero se centra sobre todo en el posible pago, partidas, ayudas o subvenciones a las diversas sociedades vinculadas al grupo Mediapro de Jaume Roures y al diario Ara . En este último caso, Hacienda también incluye en la lista los nombres de periodistas como Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch. De la misma forma, también figura la empresa Agroalimen de la familia Carulla, multinacional del sector alimentario con ramificaciones familiares en el impulso de creación del Ara.
En el ámbito de la comunicación, la publicidad o la organización de eventos también aparecen Editorial Alpha, Trotemi SL, y algunas empresas administradas por Oriol Soler, como Democratizing the Future Society SL, Dilema Comunicació, Ara Llibres, Contrapunt, Grup Cultura 03 y Sapiens Publicaciones. Oriol Soler fue uno de los fundadores del Ara y está considerado como uno de los cerebros de la hoja de ruta independentista, tanto con Artur Mas como con Carles Puigdemont. Oriol Soler fue el responsable de márqueting de la campaña política de Junts pel Sí.
En la lista también se apunta a publicaciones vinculadas a Eduard Voltas (exalto cargo de la Generalitat con ERC) como la revista Sàpiens. Actualmente, Voltas es editor de Time Out.
La relación de Hacienda también afecta directamente a ERC a través del entramado de empresas que el partido creó a través de la Fundació Josep Irla en 2006 bajo la dirección de exconseller Xavier Vendrell y que tuvo a Santiago Bracons como fundador y tesorero de algunas de ellas. Todas las sociedades cuyo domicilio social es la sede central de ERC aparecen en la relación de Hacienda.
La lista también incluye peticiones concretas que afectan al extinto Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) y a los pagos que realizó por becas, conferencias, artículos y capítulos de libros. Además, se apunta a los seminarios y conferencias organizados por el IEA, un organismo dirigido por el exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer, hasta que fue cesado en aplicación del 155.
Empresas de informática
El requerimiento de Hacienda también es especialmente exigente con las empresas informáticas que trabajan para la Generalitat. Pide información sobre T Systems ITC Iberia, IBM Global Services España, International Business Machines y DXC Technology Spain. En este capítulo también reclama que se detalle cualquier contrato con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o del Cesicat desde 2015. Ambos organismos han sido registrados en diferentes ocasiones en búsqueda de información por diferentes investigaciones judiciales.
Por último, el requerimiento se refiere al Diplocat, organismo suprimido con el artículo 155, para aclarar dos cuestiones concretas: porqué no se han aprobado aún las cuentas de 2016 y la identificación del auditor. Además, Hacienda quiere saber si hubo algún pago a la entidad Wim Kok Refund, ya que la Agencia Tributaria tiene información de un cobro por parte de Diplocat mediente una transferencia realizada desde el Reino Unido.
Finalmente, desde Hacienda se reclama la relación detallada de pagos como ayudas o subvenciones a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la ANC, Òmnium, Súmate, Assamblea.cat, o Procés Constituent, así como a los presidentes de estas entidades, Neus Lloveras, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart. Sànchez y Cuixart están en prisión preventiva, mientras que Lloveras está imputada en el Tribunal Supremo en la causa que instruye Pablo Llarena.
Subvenciones a medios de comunicación
La Generalitat ha sido generosa en subvenionar a los medios de comunicación, sobre todo a algunos con poca difusión, pero con grandes subvenciones. Por ejemplo, el grupo Hermes, editor de El Punt-Avui, recibió durante 2016 (último año del que se disponen de datos), 645.180,47 euros en concepto de subvención directa. La publicidad institucional es otra partida y no se conoce la cantidad invertida, pues no esta centralizado el pago por publicidad.
El grupo del Ara, por su parte, recibió 550.324,3 euros, algo menos que Hermes, a pesar de que los medios del Ara tienen mayor difusión. No obstante, el medio con la subvención mayor fue el grupo Godó, con 891.970,46 euros. Godó tiene La Vanguardia, RAC1 y 8TV.
En cuanto a medios puramente digitales, destaca la subvenión a Nació Digital, con 224.281,49 euros, seguida de Vilaweb (135.180,72), El Món (52.922,93), Directe!.cat (38.483,19), Racó Català (30.136,08), e-noticies (25.428,49) y El Nacional (16.984,66). De todos ellos, el único que no es favorable a la independencia de Catalunya es e-noticies.cat.
La Generalitat también subvencionó a pequeñas publicaciones territoriales, todas ellas decididas partidarias del proceso independentista.
