La Fiscalía se ha sumado a las advertencias del Gobierno y ha anunciado que está estudiando las posibles "implicaciones penales" de la decisión de Mesa del Parlament de Catalunya de admitir a trámite las enmiendas de la CUP a la resolución de Junts per Catalunya. Estas enmiendas, que ya han sido admitidas a trámite pero que se tienen que someter este jueves a una reconsideración (por la petición del PSC y PP) antes de iniciarse el pleno, piden restablecer la República Catalana aplicando la proclamación de independencia.
La Fiscalía considera que la admisión a trámite ya pone de manifiesto "conductas de una ilegalidad manifiesta que no puede ser desconocida por quien la promueven o le apoyan".
Para el Ministerio Público, "dada la extrema gravedad de esta iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional, se están estudiando las posibles implicaciones legales". La Fiscalía también insiste que "seguirá promoviendo las acciones legales que sean procedentes para preservar la orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que se pueda incurrir".
La Fiscalía se suma, así, a las advertencias del Gobierno, que ha anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando "las responsabilidades penales en que pueden incurrir los miembros de Mesa del Parlamento de Cataluña si finalmente admiten a trámite las enmiendas de la CUP" a la resolución de JxCat.
Desde La Moncloa se ha señalado que las enmiendas de los anticapitalistas tienen un "carácter ilegal y contrario a la Constitución y el Estatuto de Cataluña". El Ejecutivo advierte, además, de que "velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, cómo ha hecho hasta ahora", y "seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Cataluña mientras no se haya elegido un presidente según la ley y el reglamento del Parlamento".
Los avisos de La Moncloa y de la Fiscalía llegan pocas horas después de que la Mesa haya hecho el primer paso para la tramitación de las enmiendas con los votos a favor de los representantes de ERC y JxCat y el voto en contra de los representantes de Cs y el PSC. Durante el debate interno, los letrados han hecho constar que había que tener en cuenta que a la pasada legislatura hubo sentencias y advertencias del Tribunal Constitucional, por lo que algunas de las enmiendas de la CUP podían ser contrarias a la Constitución, y que aceptar su tramitación podía considerarse contrario a los avisos del alto tribunal.
Aún así, las advertencias que el TC hizo en su momento iban dirigidos a los anteriores miembros de Mesa y, por lo tanto, los nuevos miembros independentistas del órgano no se consideran formalmente advertidos por lo que los impida tramitar las enmiendas.
La Mesa se reúne antes de empezar el plenario para estudiar las peticiones de reconsideración que han presentado los grupos de Cs, PP y PSC, que han advertido, en la línea del Gobierno, que las enmiendas son contrarias a la Constitución y que aceptarlas implicaría entrar en conflicto con las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por el contrario, JxCat y ERC sostienen que las enmiendas se pueden tramitar –a pesar de que después pueden ser rechazadas o no aceptadas- y que hay que priorizar que en el Parlament se pueda hablar de todo.
Las enmiendas de la CUP pretenden poner en contradicción a las otras dos formaciones independentistas. Ha enmendado una resolución de Junts, cuya redacción estaba medida para no desobedecer al TC, y propone un texto que reconoce la proclamación de la independencia y que reivindica "la República catalana". Por ejemplo, en la más arriesgada de las enmiendas, la CUP propone que se vote que el bloqueo de la política catalana actual está "motivado por el golpe de estado del 27 de octubre del 2017, la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y la represión sobre el movimiento republicano y democrático". Además, también se pide poner en marcha un debate sobre el futuro de la situación "respetando y aplicando el mandato democrático del Referéndum de I'1 de octubre del 2017, las reivindicaciones sociales expresadas masivamente en las huelgas generales de los días 3 de Octubre y 8 de noviembre y la posterior proclamación de la República del día 27 de octubre del 2017 por parte del Parlamento de Cataluña".
La CUP también plantea en otra enmienda que se cambie la reflexión sobre la necesidad de recuperar "el autogobierno" de Cataluña que hace JxCat a su proposición, por un texto que dice que "la autodeterminación de Cataluña es la encarnación de una larga aspiración y a la vez una herramienta de la que nos dotamos los catalanes por la construcción de una sociedad más justa, más libre y más democrática". En otra de las enmiendas, los anticapitalistas plantean la "urgencia de establecer un Gobierno efectivo a partir de una presidencia elegida soberanamente por el Parlamento para encarar el restablecimiento de la República de Cataluña actualmente intervenida".
Según el mecanismo parlamentario, aunque se admitieran a trámite, sería JxCat la que debería decidir si las acepta finalmente. En el caso de ser incorporadas, se someterían a votación. Fuentes independentistas señalaban que JxCat no las aceptarán, pero que no quieren vetar una discusión en el Parlament.
