Ya lo vivimos en las elecciones generales que llevaron a una repetición de los comicios y en las pasadas catalanas de 2015, donde Carles Puigdemont se convirtió en el último minuto en president de la Generalitat.

Ahora, con los resultados de este 21 de diciembre, que arrojan un Parlament aún más fragmentado, pero con mayoría independentista, nadie se atreve a apostar si se conseguirá formar gobierno o si incluso se podría llegar a una repetición electoral en primavera.

Según el reglamento de la Cámara y la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) que rige el Parlament, la fecha máxima para que los diputados electos ocupen sus escaños en la sesión constitutiva será el 23 de enero. Hasta entonces, los 135 deberán recoger su acreditación, ya sea en persona o delegando.

El día de la primera sesión, se escogerá a la presidencia de la Cámara, así como a la composición de la mesa y la formación de los diferentes grupos parlamentarios, quedando relegados al grupo mixto la CUP y el PP.

Tras esto, en los diez siguientes días hábiles, se deberá celebrar el primer pleno de investidura del nuevo president, máximo el 6 de febrero. Durante esos diez días, la presidencia del Parlament, al igual que hace el Rey a nivel nacional, mantendrá contactos con los diferentes grupos políticos para conocer si algún candidato cuenta con su apoyo.

La votación se repetiría el 8 febrero, 48 horas más tarde, si no se hubiera alcanzado la mayoría absoluta (68 escaños) en la primera vuelta y se intentaría escoger un president en segunda votación por mayoría simple.

Si el 8 de abril aún no se hubiera escogido al president, automáticamente quedaría disuelto el Parlament y a finales de mayo o principios de junio se celebrarían nuevas elecciones en Cataluña.

 Todo este proceso estará salpicado por las peculiares características que vive la política catalana, con algunos de sus líderes en prisión o en el extranjero por órdenes de detención, así como por futuras actuaciones de la justicia.