El Tribunal Supremo le ha negado al ex presidente de ANC, Jordi Sànchez, que se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por su papel en el proceso independentista catalán, a salir de prisión para poder hacer campaña en las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre.

Sánchez, que presidió la Asamblea Nacional Catalana (ANC), fue escogido número dos en la candidatura de Junts per Catalunya por Barcelona, que encabeza el expresident Carles Puigdemont.

El escrito del magistrado sienta jurisprudencia por lo que, aunque la petición y su decisión sólo se refiere al expresidente de la ANC, supone que, de pedirlo, también se rechazaría la petición para el resto de presos del 1O acusados de rebelión, es decir, el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, el ex conseller de Interior Joaquim Forn y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Basándose en la doctrina europea

Sànchez le pidió al juez Pablo Llarena permisos de salida, contactos con los medios de comunicación que fueran más allá del régimen ordinario de prisión y el uso de internet más allá del control penitenciario. El magistrado ha negado todas las solicitudes basándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de voto y de elegibilidad.

Según esta doctrina internacional, estos derechos subjetivos no son absolutos, es decir, por muy importantes que sean, cada Estado los “puede modular siempre que la participación democrática no pierda su efectividad y que las limitaciones respondan a fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los motivos que las impulsan”.

El magistrado del Supremo entiende que, en el caso español, con un sistema basado en listas cerradas de candidatos, el ideario de los mismos está atendido en campaña por el resto de miembros de la candidatura, así como por las agrupaciones electorales y el partido político en sí.

De esta manera, el juez Llarena entiende que la no participación de Jordi Sànchez en la campaña del 21D por estar en prisión ni afecta legalmente a la candidatura de Junts per Catalunya ni a sus derechos.