El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a la Guardia Civil realizar un informe individualizado de todas las personas que supuestamente participaron en el Comité Estratégico para la independencia de Cataluña que aparecía en el documento Enfocats, encontrado durante el registro del número dos de Oriol Junqueras y exsecretario general de vicepresidencia, Economía y Hacienda, Josep María Jové i Llado el pasado 20 de septiembre.

Entre los miembros de este órgano para supuestamente conducir la independencia de Cataluña se encontraban el expresident y su número dos de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, Artur Mas, Marta Pascal, los presidentes de ANC y ómnium, así como Marta Rovira, actual candidata de ERC al Parlament y secretaria general del partido independentista.

Según el la providencia del juez reclamando estos informes a la Guardia Civil, y a la que ha tenido acceso eldiario.es, la intención es señala directamente a las organizaciones políticas y sociales a las que pertenecen los investigados continuando así con la asunción de toda la investigación independentistas tras ser remitida ésta desde la Audiencia Nacional.

El juez Llarena quiere saber “si existen indicios que apunten a la existencia de un eventual concierto inicial entre los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana y las asociaciones ANC, Ominium Cultural y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

También el magistrado del Supremo busca conocer el sistema de financiación del movimiento soberanista y si “haya podido abordarse o sufragarse por algunas de las entidades anteriormente expresadas”, así como los fondos públicos se hayan podido ser usados en “iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero u otras semejantes”.

Investigando las agresiones

En un informe a parte, el Supremo también reclama que la Guardia Civil identifique también “de manera individualizada y secuencial” los “actos de agresión, daños, así como los de grave resistencia o amedrentamiento, sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista”, insistiendo en recabar vídeos, fotografías, descripción de daños, agentes que actuaron.

¿De dónde salen estos nuevos nombres?

Todos estos nuevos nombres se añaden a la investigación del Supremo tras el análisis de la agenda incautada a Jové el 20 de septiembre y que incluye anotaciones manuscritas entre febrero de 2015 y noviembre de 2016.

El 21 de diciembre de 2015, pocos días antes de la investidura de Carles Puigdemont, Jové detalla una reunión en la que se empezó a perfilar la hoja de ruta, con la presencia de Marta Rovira, el secretario de Economia Pere Aragonés, el conseller Raul Romeva, la secretaria de Salud Alba Vergés, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tarda, el secretario de Finanzas Jordi Roig y el jurista Viver Pi i Sunyer.

Sobre la hoja de ruta, también figura otra reunión del 23 de febrero de 2016, con la participación de Puigdemont, su entonces consellera de Presidencia Neus Munté, Romeva, Joan Vidal -secretario del Govern-, el expresidente Mas, Oriol Junqueras, Marta Rovira, el propio Jové y el entonces portavoz parlamentario de JxS, Jordi Turull, posteriormente conseller de Presidència en sustitución de Munté.

La agenda, que detalla numerosas reuniones entre miembros del Govern y dirigentes de ERC con representantes de CDC y la CUP para avanzar en la creación de las denominadas Estructuras de Estado, recoge otra reunión, de junio de 2016, para abordar el referéndum independentista, con la presencia de Puigdemont, Mas, Junqueras, Turull, Rovira y Romeva.

El documento incautado por la Guardia Civil incluye además reuniones en las que participaron diputados de la CUP durante la pasada legislatura, como Anna Gabriel, Eulàlia Reguant y Benet Salellas.

En sus anotaciones, Jové subrayó que el objetivo del Govern salido del 27S tenía que ser doble, por un lado, la “Transición Nacional” y por otro gestionar el gobierno ordinario, haciendo efectiva “la desconexión, la ruptura y la desobediencia” en 18 meses.

“Dado que consideran que la situación es de no retorno, es fundamental que ERC controle áreas clave vinculadas al proceso, aún a costa de ceder la presidencia a CDC”, según remarca la Guardia Civil en su informe en el que analiza el contenido de la agenda intervenida.

En este proceso era clave, según las notas manuscritas, crear una gran plataforma de debate ciudadano, utilizando para ello a las plataformas soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC), intentando cerrar la estrategia con la CUP y teniendo puentes para que el partido de Ada Colau participara en el proceso constituyente.