Todas las miradas han estado puestas durante esta jornada en el hasta ahora desconocido para muchos Monasterio de Sijena, en Huelva, después de que se haya obligado la devolución de decenas de bienes desde el Museo de Lleida después de la sentencia judicial que obliga a ello y bajo el paraguas del artículo 155 aplicado en Cataluña.
Pero ésta no es la única disputa patrimonial entre comunidades autónomas abierta actualmente. Ya se nos ha olvidado que en 2013 el Tribunal Constitucional, después de muchos años de disputa judicial y política, obligó al Archivo de Salamanca a aceptar la entrega a Cataluña todos los documentos que guardaba que fueron incautados durante la Guerra Civil.
Parecía que el conflicto estaba cerrado, pero tiempo después se descubrió que, junto con los archivos entregados a la Generalitat, también se colaron 440.000 documentos enviados “de forma indebida” ya que pertenecían a otras comunidades autónomas, tal y como explicó el pasado octubre el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez.
El también historiador ya presentó en 2014 una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para la devolución “de todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña”.
Tres han sido los autos judiciales de este tribunal dando la razón al presidente de la Asociación Salvar el Archivo, así como una declaración institucional de las Cortes de Castilla y León o una recogida de más de 68.000 firmas, la Generalitat ha hecho oídos sordos.
Aprovechar el 155
Ahora, con la vista puesta en el caso de Sijena y mientras se encuentra aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, muchos han sido los que han reclamado enérgicamente esta devolución.
Encontramos, por un lado, la misma asociación en defensa del Archivo de Salamanca que directamente se ha querido dirigir a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su calidad de actual presidenta en funciones de la Generalitat, para que de cumplimiento a esta devolución.
Por otro, encontramos ejemplos en otras comunidades autónomas que, o reclaman algunos documentos que son originarios de ellas, o han apoyado la causa de la Asociación.
La propia dirección general de Cultura de la Generalitat Valenciana, se ha mostrado “abierta” a recibir peticiones de familiares o instituciones relacionadas con los documentos de la Guerra Civil y el franquismo que residen en este momento en Barcelona, determinando que serían más de 200.
En Murcia, en concreto en Totana, fue el propio Partido Popular el que encabezó una moción en el Ayuntamiento, aprobada por unanimidad, pidiendo el regreso de los documentos a Salamanca y que se encuentran indebidamente en Cataluña.
Veremos si, antes de las elecciones del 21 de diciembre, como espera Policarpo Sánchez, la Generalitat devuelve los documentos que se llevó de más de Salamanca.
