Al expresident de la Generalitat, Artur Mas, y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau se les ha acabado el tiempo para reunir la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas les había exigido por su supuesta responsabilidad en el uso de fondos públicos para organizar y celebrar la consulta soberanista del 9N.
El plazo acababa ayer 16 de noviembre y el día de antes Mas ya había anunciado que aportaría sus bienes para cubrir la fianza, algo que durante todo el proceso ha intentado evitar. Este viernes, el Tribunal de Cuentas ha comunicado que se da una semana para analizar las propiedades aportadas.
"Tenemos ya nuestras casas tasadas y, si no hay más remedio, las tendremos que aportar como garantía”, afirmó el expresident catalán tras recogidas de donativos, ayudas, después de que figuras del independentismo y del PDeCat pusieran lo que pudiesen y tras ver como voluntarios pasaban el cepillo entre los manifestantes de la pasada Diada
La cantidad recogida, aunque no suficiente, fue de 2,2 millones y vino de la llamada “caja de resistencia” de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La organización creó este fondo para poder “sufragar las multas de los condenados por el procés”.
