Las causas formales de la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona son dos: el apoyo del PSC y del PSOE a la aplicación del artículo 155 y la escasa sensibilidad demostrada por los socialistas catalanes ante el encarcelamiento de la mitad del cesado gobierno de la Generalitat y de los dos líderes de las entidades independentistas.
La gravedad de estas circunstancias, sin embargo, no impedirá a los Comunes participar en las elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajo; complementariamente, sus bases han considerado que hacerlo siendo socios del PSC sería un inconveniente insoportable, una incomodidad fácil de eliminar, aunque con ello se perjudicara el gobierno de la ciudad y se contradiga al discurso condenatorio del frentismo que tanto gusta a Ada Colau.
Los Comunes y el PSC ha sido capaces durante meses de salvar su pacto de gobierno, evitando contaminarlo con sus diferencias respecto del derecho a decidir y la colaboración municipal en el referéndum del 1-O. Luego parecieron coincidir, por unos días, en el rechazo a la DUI y al 155, hasta que la intervención de las instituciones catalanas se materializó por obra y gracia del acuerdo PP-PSOE-Ciudadanos. Los socialistas catalanes siguieron a Pedro Sánchez y se convirtieron a ojos de los independentistas en general y de los soberanistas de los Comunes en particular en cómplices de esta operación del Estado, calificada como una agresión a Cataluña.
Ada Colau no ha presentado ninguna queja sobre el funcionamiento o los resultados del pacto municipal con Jaume Collboni; se ha limitado a hacer la estatua política ante el nerviosismo de algo más de la mitad de las bases por los efectos colaterales del ejercicio de las responsabilidades de gobierno. Hasta la convocatoria de las elecciones del 21D, el debate interno se había sabido contener sin demasiadas dificultades. La causalidad y la casualidad son difíciles de discernir a veces en política.
Con la vista puesta en el 21D
La perspectiva de estos comicios, con unas encuestas decepcionantes augurando un crecimiento mínimo para los Comunes, por debajo del atribuido al PSC (mientras algunos de sus alcaldes rompen el carnet por culpa del 155) y la intensificación de la campaña de demonización de los socialistas catalanes por parte del independentismo han acabado por convencer a los dirigentes de Catalunya en Comú de la exigencia de romper con sus leales socios, a toda prisa.
Colau no va a abandonar su equidistancia entre los dos bloques enfrentados en Cataluña; esta es la clave diferencial de su discurso y aunque haya quedado comprometido por la decisión de sus bases, lo va a mantener porque intuye que en el espacio del soberanismo no independentista de izquierdas, antes denominado catalanismo político progresista, está, expectante, el medio millón de votos necesarios para triunfar electoralmente. Simplemente, con su maniobra, señalando al PSC como uno más del pérfido frente españolista, junto a PP y Ciudadanos, pretende inhabilitarle como un posible rival de futuro en este ámbito electoral, no hace tanto coto exclusivo de los socialistas catalanes.
Todo apunta, oídos los primeros mea culpa de algunos dirigentes de ERC y Pdecat, a que la etapa del referéndum y la DUI unilaterales está a punto de ser historia. En su lugar, brillará como evidente, inevitable y lógica la reivindicación de un referéndum pactado y legal, hasta hace bien poco cosa de malos catalanes y peores demócratas, según el movimiento independentista.
En esta nueva fase, las diferencias en materia nacional entre los Comunes y el PSC se reducirán ostensiblemente, a poco que se mueva Miquel Iceta hacia posiciones reconocibles por su partido y sus votantes. Colau y Xavier Domènech aspiran a consolidarse en este espacio antes de que sea demasiado tarde, sabedores que la escasa fidelización de sus votantes, a juicio de los expertos, es una amenaza a corto plazo. El gobierno de Barcelona puede esperar hasta el próximo mandato.
