La decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de dictar órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que no han acudido a su citación abre un procedimiento que puede durar más de dos meses hasta su entrega a España.

La Fiscalía belga, a la que va dirigida la orden, ya se ha dado por enterada de ella y, tras traducirla y estudiarla, deberá dar traslado de ella a la Policía para que proceda a la detención de Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, a no ser que ellos se entreguen antes. Una vez producido esto, pasarán a disposición de un juez, quien decidirá sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Posibilidad de recursos

Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, si los detenidos alegan vulneración de derechos fundamentales, como ya ha anunciado el propio Puigdemont durante su entrevista en la cadena pública belga, la decisión corresponde a la Cámara del Consejo de Bruselas, cuya decisión también es recurrible en apelación y en último caso ante la Corte de Casación.

Con todo esto, el plazo de entrega desde la detención se podría prolongar hasta un máximo de 60 días, prorrogable a otros 30 si las autoridades belgas no pueden acordar la entrega por causas “justificadas”.

Dudas de la orden española

Y es que, otra posibilidad que se podría dar es que el juez instructor considere que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.

La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont (i), el exconsejero de Salud Antoni Comin, el de Cultura Lluís Puig de Agricultura Meritxell Serret, y de Enseñanza, Clara Ponsatí. EFE

Delitos que no están en Bélgica

Las órdenes europeas de detención o euro órdenes sustituyen entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002. El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.

La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está acusado de malversación y prevaricación (además de desobediencia).

En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la OEDE, con lo que la justicia belga podría tener que pronunciarse sobre el fondo del asunto.