La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención a los efectos de su ingreso en prisión del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron ayer a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación.

Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada ha emitido sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.

La juez ha cursado las euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también ha dictado busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos. Así, Lamela ha dictado dos autos por cada uno de los investigados, el primero de ellos dando curso a las OEDEs, que han sido enviadas en este caso a la Fiscalía Federal Belga.

Esas euroórdenes se han insertado también en la oficina Sirene, el sistema de información Schengen para comprobar los movimientos de delincuentes en los pasos fronterizos de Europa. En los otros autos, la juez tramita la orden de busca y captura nacional e internacional de todos ellos, a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol.

La magistrada además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsellers de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.

Responsables de las concentraciones tumultuarias

La magistrada acusa a Puigdemont y los cuatra exconsellers de impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil.

A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana “como medio intimidatorio y violento” para conseguir “el fin secesionista de manera coactiva”. Es decir, le acusa de alentar un movimiento de “insurrección activa” y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña.

El auto destaca que para lograr sus fines “promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional”.

También considera que el expresident “planificó, organizó y financió con fondos públicos” la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O e hizo posible el gasto de 6,2 millones de euros para ello.

Bélgica se da por enteradaLa orden de Lamela ya ha llegado a la Fiscalía belga que, a través de su portavoz, Eric Van Der Sijpt, así lo ha confirmado y que están “esperando la traducción y a continuación la estudiaremos”.