Siempre hay quien sabe descubrir el genio y la condición de estadista en una simple rueda de prensa de un dirigente atribulado; sin embargo, tras escuchar a Carles Puigdemont, la mayoría de soberanistas catalanes y de catalanes no soberanistas siguen atrapados en la perplejidad por lo sucedido desde el pasado viernes en el Parlament. Una exclamación sencilla domina las conversaciones: yo ya no entiendo nada. Mientras eso sucede en Cataluña (salvo en los círculos de los creyentes), el presidente destituido de la Generalitat exhibió sus contradicciones y las del independentismo en Bruselas.

El presidente de la República Catalana, “el gobierno legítimo de Catalunya”, según insistió en proclamar, intentó explicar desde el corazón institucional de Europa el porqué de su viaje secreto, las razones de la aceptación práctica del 155 por los consejeros y los altos cargos de la Generalitat que siguen en Barcelona y la decisión de los partidos independentistas de presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. De todas maneras, lo que transmitió de forma más diáfana fue su miedo a no tener un juicio justo.

El resumen viene a ser este. Conocedores de la represión que estaría dispuesto a lleva a cabo el Gobierno de Rajoy en Cataluña, para evitar la violencia en la calle y salvar a los funcionarios, los dirigentes de la república decidieron, a los pocos minutos de proclamarla, desarrollarla en perfil bajo, haciéndose invisibles y mudos. Sin embargo, fijaron cuatro ámbitos de acción. Unos cuantos consejeros viajarían a Bruselas para denunciar el déficit democrático del Estado español y la persecución de ideas que aquí se practica a su entender. Otro grupo, permanecería en Barcelona para mantener con toda normalidad la actividad política propia del gobierno y para poner en marcha el tercer objetivo: impedir la aplicación del 155. A su vez, los partidos respectivos empezarían a preparar las elecciones convocadas gracias al artículo 155.

“No hay garantías para actuar de forma libre y tranquila”

Puigdemont está en Bruselas porque, según dijo, en España “no hay garantías para actuar de forma libre y tranquila”, ni seguridad para él. Los ya ex consejeros que no están en Bruselas le oyeron decirlo estando reunidos en el Parlament, presididos por Oriol Junqueras. Desde que no tiene despacho, cedido sin resistencia al subsecretario ministerial correspondiente como hiciera el mayor Trapero con su sucesor, tienen mucho más tiempo para atender a los medios y afirmar que están trabajando con normalidad, así lo aseguró en TV3. También la presidenta de la cámara catalana sigue en su despacho y el próximo jueves acudirá al Tribunal Supremo junto con los integrantes de la Mesa investigados.

Además de reclamar un juicio justo y asegurar que no pretende huir de la justicia ni pedir asilo político en Bélgica, Puigdemont interpeló al ejecutivo español, el gobierno del 155, exigiéndole el compromiso de respetar el resultado de las elecciones del 21-D. Estas autonómicas serán para los dirigentes independentistas la reválida del referéndum del 1-O, la reafirmación de la República hoy en stand by para evitar males mayores y la derrota del artículo 155 y la de sus impulsores, PP, PSOE y Ciudadanos. Y se supone también la elección de los 135 diputados del Parlament.

La contradicción clamorosa en pretender resistir la aplicación del 155 por ilegítimo y aceptar la legalidad española que lo sustenta para participar en los comicios no parece preocupar demasiado a los partidos que defienden la existencia de la república catalana y a pesar de ello van a competir electoralmente en las urnas autonómicas dispuestas según el Estatuto y la Junta Electoral Central española.

Simplemente creen que todo sacrificio y contradicción vale la pena puesto que ahora, con el conflicto internacionalizado gracias a la rueda de prensa de Puigdemont en Bruselas y los ojos de Europa fijos en Cataluña por la violencia policial del 1-O, el Estado se verá obligado a garantizar unas elecciones puras y cristalinas (se supone que igual que en 2015, cuando ganaron), permitiéndoles referendar la república. Según este argumentario, el Estado español no tendrá más remedio que aceptar su validación para no retratarse ante sus socios comunitarios como un estado democráticamente deficitario. Ellos, los campeones de las urnas, según Junqueras, saben ver en este plan una coherencia que muchos no pueden interpretar. Esto es el Procés: un acto de fe tras otro.