El efecto de una hipotética convocatoria electoral por parte del presidente de la Generalitat como antídoto a la entrada en vigor del artículo 155 divide al frente constitucionalista en la vigilia de la doble jornada parlamentaria del jueves y viernes en el Senado y en el Parlament de Cataluña. Los socialistas están decididos a jugar esta carta hasta el último minuto, al entender que unas elecciones catalanas legales, al amparo del Estatut y de la legislación electoral vigente, deberían permitir al Senado la suspensión de la tramitación del temible 155. Y a ellos, respirar tranquilos.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, han apostado claramente por esta solución. “Si hay elecciones, no tendría razón de ser el 155”, afirmó Robles. Los socialistas catalanes están especialmente activos en estos últimos días intentando convencer al presidente Puigdemont de la conveniencia de optar por la vía del escape electoral, para evitar la intervención del Gobierno catalán, cuyas consecuencias podrían ser letales para la autonomía catalana y también para el propio PSC, de verse obligado el partido a apoyar el 155, respetando los acuerdos del PSOE con el PP.

El partido de Mariano Rajoy no parece predispuesto a frenar la destitución del Gobierno catalán en ningún caso; excepto en el de la rendición total de Carles Puigdemont, a quien el portavoz del PP, Rafael Hernando, exigió también que “pida perdón a los españoles”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cortó de raíz cualquier especulación sobre un posible efecto paralizante de unas supuestas elecciones convocadas antes del pleno del Senado. El PP se muestra determinado a asumir las numerosas incógnitas existentes respecto de la aplicación del 155 y las previsibles dificultades que se pueden plantear en relación a los funcionarios de la administración catalana, a quienes el consejero Raül Romeva ha llamado a la desobediencia. Los populares incluso insinúan una prolongación del periodo de intervención.

¿Quiere el Ejecutivo elecciones en Cataluña?

Las únicas elecciones aceptadas a día de hoy por el Gobierno Rajoy son las que deberá convocar él mismo antes de finalizar la vigencia del 155, justamente uno de los aspectos más controvertidos del plan de acción, según diversos constitucionalistas. El objetivo formal de la intervención es el retorno del Gobierno de la Generalitat al marco constitucional, objetivo que será alcanzado, teóricamente, el mismo sábado, en cuanto el ejecutivo de Puigdemont sea substituido, una vez el Tribunal Constitucional ya ha suspendido las leyes del Referendum y de la Transitoriedad. Entonces, ¿a qué se dedicaran los responsables de la administración autonómica nombrados por Moncloa en los seis meses restantes?

La respuesta intuitiva es: a preparar las elecciones autonómicas correspondientes al final del periodo de la intervención. Un intento de cambiar la correlación de fuerzas en el Parlament. De todas maneras, hacer perder al independentismo su sólido apoyo electoral podría ser algo más complejo de lo que a priori pueda pensarse desde Madrid. Incluso habría que considerar que la aplicación del 155, la presencia de los gobernantes enviados por la administración central y los previsibles conflictos de desobediencia solo harán que incrementar la fuerza electoral del soberanismo.

Ningún experto electoral puede asegurar al PP que en seis meses conseguirán modificar la opinión de los dos millones de votantes independentistas; convenciéndoles de votar otras ofertas más moderadas con buenas palabras, con la apariencia de una normalidad recuperada y con el retorno de alguna que otra empresa ahora fugada. La modificación substancial del mapa parlamentario catalán no debe ser pues el objetivo prioritario, al menos de forma directa. Más creíble sería la suposición de algunas fuentes que desvelan la intuición de los dirigentes populares de poder desmontar al movimiento independentista, financieramente y orgánicamente, a partir de la documentación existente en la administración catalana y en todos los organismos dependientes de ella. Gracias a estos descubrimientos, imaginan, la justicia y la policía debilitarán las vías logísticas y, finalmente, todo esto tendrá alguna repercusión negativa en la campaña electoral.

Esta especie de cuento de la lechera en versión intervención institucional pura y dura o salida electoral preventiva depende de todas maneras de la decisión que vaya a tomar el presidente Puigdemont. En estos momentos, se desconoce cuál será; solo se sabe que persisten los rumores de consejeros dispuestos a abandonar el Ejecutivo antes no se proclame la república y se tiene constancia pública de la presión ejercida por la CUP y ERC para conseguir justamente lo contrario: una DUI en toda regla.

Los escenarios generales son tres: elecciones, proclamación votada por el Parlament con inicio de la creación del estado o DUI retórica seguida de una apelación a la resistencia política y cívica al 155; cada uno de ellos con algunas variantes y combinaciones, como por ejemplo, una DUI soft (verbalizada por el presidente pero no votada) asociada a unas elecciones plebiscitarias. El escenario más respetuoso con la tradición victimista propia de la política nacionalista sería la declaración formal hecha por el presidente seguida de una convocatoria de movilización permanente en defensa de las instituciones históricas del país, esperando poder capitalizar tanta afrenta a la nación en las elecciones impuestas por el Estado cuando este lo crea oportuno.