El Gobierno alerta de que una hipotética Cataluña independiente sufriría un empobrecimiento de entre el 25 y el 30 por ciento con una "coyuntura económica insostenible" y un aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales, una situación que se pretende evitar por el interés general.
"Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger", asegura el documento.
A juicio del Gobierno, la pretendida independencia, generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes "gravísimas" no solo para los intereses de Cataluña sino para el interés general de España e implicaría aislar una economía catalana que hoy está "plenamente integrada" en España y en la UE.
Abandono de la UE
Desde el punto de vista comercial, supondría el abandono de la Unión Europea pasando a ser un país tercero al que se le aplicarían aranceles, además de controles aduaneros en frontera con la consecuente pérdida de competitividad de la economía catalana.
También acarrearía la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, de su amparo y de sus beneficios y, en concreto, del acceso al crédito del Banco Central Europeo.
Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, muchas empresas se trasladaran fuera de Cataluña. "La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña", avisa.
Imposibilidad de crear un Banco Central
Incluso la creación de una moneda y un Banco Central propios resultaría "inviable" por el elevado nivel de déficit público, lo que harían irremediable una "inflación desproporcionada" y una contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión.
Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería muy limitada por la "erosión" de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y empresas, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea.
Sin embargo, los gastos se verían incrementados -al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español- lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, "hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación".
