El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de que no disponibilidad presupuestaria para el referéndum del 1-O. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.

Ni un euro a "una actividad ilegal"

Montoro ha anunciado un "novedoso y necesario" mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituiría a la Generalitat con el fin de que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal", en referencia al referéndum independentista del 1 de octubre, y para garantizar los servicios públicos.

Preguntado por si cree que la Generalitat ha gastado ya dinero público en la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, ha señalado que hasta la fecha la Generalitat ha enviado esos informes de gastos requeridos- que ha anunciado ya no va a enviar más- pero no descarta que se haya producido un "falseamiento de documento público".

"Es un control de los pagos durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad que marcan los dirigentes de la Generalitat”, ha expuesto el ministro sobre el plazo en el que se mantendrá esta medida.
El Estado pagará nóminas
"El Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas", explica Montoro sobre el mecanismo aprobado por el consejo de ministros. "Mientras se sigan negando a cumplir con la ley, ponen en riesgo la prestación de servicios públicos", se mantendrá la medida, ha añadido.
El ministro de Hacienda ha anunciado además que ha enviado a la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont.