En medio de la vorágine de acciones judiciales, citaciones e imputaciones para aquellos que están apoyando la celebración del referéndum de Cataluña, el Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado imponer una fianza al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por la organización del 1-O. Pero también a los miembros de su Gobierno.
La Fiscalía había presentado una querella contra Puigdemont por desobediencia, prevaricación y malversación en la que se solicitaba el pago de una fianza o, si era necesario, embargar los bienes del president y de los consejeros para cubrir las responsabilidades económicas de la comisión de un posible delito de malversación de fondos públicos. Es decir, para cubrir los gastos, entendiendo que la organización del referéndum se cubrirá con dinero público.
Esto es lo que pensaba la Fiscalía, una opinión con la que discrepa la jueza Mercedes Armas que, "por el momento" evitará implantar una fianza.
Más información sobre la publicidad del 1-O
Lo que sí ha aceptado la jueza del contenido de esta querella es que se consiga más información sobre los medios de comunicación con sede en Cataluña que estén insertando “publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum".
La magistrada ha pedido a la Guardia Civil que remita un informe sobre los medios de comunicación con sede en Cataluña que "hayan insertado cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre la convocatoria del referéndum". Todos los medios salvo TV-3 y Catalunya Ràdio que son los medios públicos.
Una vez se tenga el informe, con la información en la mano, la jueza tomará decisiones.
