Carme Forcadell ha comparecido para leer una declaración institucional tras saber que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación su actuación y la de otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament que votaron a favor de tramitar las leyes para la creación de la república catalana, la ley del referéndum y la de transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional. El TSJC también ha admitido a trámite la querella contra Carles Puigdemont y su gobierno y, en este caso, amplía los delitos incluyendo posible malversación de fondos, que llevaría consigo pena de prisión.

La presidenta del Parlament, tras recibir la notificación, ha sido muy clara: "Ningún tribunal puede decidir el futuro de nuestro país. Sólo lo pueden decidir los ciudadanos y ciudadanas, de Cataluña en un referéndum, democrática y libremente". Sin embargo, en el auto de la Sala Civil y Penal del TSJC se le advierte expresamente del “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. 

De esta manera, el TSJC ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra la presidenta Carme Forcadell y los miembros de la Mesa Lluís Ginó, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos ellos de Junts Pel Sí (JxSí), y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP). Aunque la Fiscalía les achacaba a Forcadell delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", prevaricación y malversación, el TSJC ve fundamentados "al menos, los tipos penales desobediencia y de prevaricación", pero no se pronuncia sobre el tercero.

"Se impone la admisión a trámite de la querella presentada por el Ministerio Fiscal al valorar inicialmente como posible la comisión de un delito de desobediencia y de un delito continuado de prevaricación (...), sin perjuicio de cualesquiera otras calificaciones jurídicas alternativas o concurrentes, al ser las presentes meramente provisionales", argumenta el auto.

Posible pena de prisión para Puigdemont y su gobierno

El TSJC atribuye al Govern los mismos delitos y, añade en el caso del Ejecutivo el de malversación de caudales públicos. En este sentido, el alto tribunal catalán ve indicios de que los miembros del Govern “habrían utilizado arbitrariamente” sus “potestades” al convocar un referéndum de independencia que, además, “va a incidir en el ámbito del gasto público”.