Tras el vodevil vivido el miércoles en el Parlament para conseguir aprobar la ley del referéndum y convocar la consulta para el 1-O, este jueves todo parece apuntar a que la historia se repite de nuevo entre las paredes del Parlamento catalán. Los independentistas han vuelto a pedir un cambio en el orden del día, esta vez para debatir y votar la ley de desconexión.
Este jueves, con la vista puesta en el Tribual Constitucional, el Gobierno y sus decisiones, volvía a reunirse el pleno del Parlament. La mañana ha transcurrido con toda la normalidad que se puede tener después de que el miércoles los grupos de la oposición (PP, PSC y Ciudadanos) tuvieran que abandonar el hemiciclo para no participar, ni con un voto negativo, en lo que consideraban ilegal: la votación de la ley del referéndum.
Este ha sido el ambiente hasta que la diputada de Junts pel Sí Marta Rovira ha tomado la palabra para pedir que se cambie el orden del día del pleno para introducir así el debate de la ley de desconexión o transitoriedad. Otra vez. Se seguía el camino ya vivido hace menos de 14 horas.
El día de la marmota
El martes terminaba con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, anunciando que la Mesa de la Cámara se reuniría el miércoles a las 9:00 horas de la mañana. Sólo una hora después arrancaba el pleno, una reunión en la que los independentistas pidieran y consiguieron que se cambiara el orden del día para introducir la ley de referéndum.
Tras casi 12 horas de enfrentamientos, denuncias de ilegalidad, violaciones de todo tipo de reglamentos y el abandono de la oposición de sus escaños, la ley del referéndum era aprobada con los votos a favor de Junts pel Sí y la Cup, y con las abstenciones de los miembros de Catalunya Sí que es Pot.
El camino que se ha empezado a recorrer este jueves es más que similar. Los miembros de Junts pel Sí han vuelto a solicitar ese cambio en los tiempos para votar, esta vez, la ley de desconexión, la norma que garantizaría que el referéndum del 1-O sea "vinculante", según ha explicado Rovira.
En otras palabras, esta nueva ley de transitoriedad actuaría como base o la cobertura legal para Cataluña en cado de que ganase el sí y la comunidad iniciase el proceso de la independencia.
Eso sí, aunque se apruebe este mismo jueves, algo que se da por hecho al tener mayoría con los votos de Junts pel Sí y la CUP; no entraría en vigor hasta que se consiguiera la victoria en el referéndum. "Hoy proponemos aprobarla, pero no tendrá efectos jurídicos por ahora", ha aclarado la diputada independentista.
Un pleno suspendido
Tras todo esto, las broncas han vuelto al Parlament. Ante las quejas de la oposición, sobre todo de PSC y Ciudadanos que pedían que se tomara en consideración la no aceptación del cambio del orden del día para evitar la votación de esta ley; Forcadell ha decidido convocar de nuevo a la Mesa y a la Junta de Portavoces.
La CUP y su apoyo a los señalados
Y mientras que el Consejo de Estado ha estimado por unanimidad que el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dado el primer paso oficial.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, Rajoy ha anunciado que han pedido al Constitucional que declare nula la ley del referéndum, la convocatoria del 1-O firmada anoche por Carles Puigdemont y
Por otro lado, el miércoles la Fiscalía se querellaba contra Forcadell. Este jueves amplían su acción y la Fiscalía ha presentado dos querellas criminales, una contra el Govern y la otra contra los miembros de la Mesa que votaron a favor de incluir y debatir la ley del referéndum.
Ante este abanico de posibles responsabilidades penales, la diputada de la CUP Ana Gabriel ha mostrado en su discurso en el Parlament “todo el apoyo y la determinación a las personas que serán señaladas por la Fiscalía General del Estado. No queremos normalizar ni penalizar esta represión, pero no queremos dejar de renunciarla ni de seguir trabajando para lo que nos comprometimos, respetar la voluntad mayoritaria del país de decidir”.
