En vigilia de la apertura de la comisión parlamentaria que investiga la denominada Operación Cataluña, una conspiración político-policial contra el independentismo desvelada a partir de las grabaciones al ex ministro de Interior, Fernández Díaz, los diputados de la mayoría soberanista en el Parlament de Catalunya vieron como sus correos electrónicos quedaron inutilizados por la entrada de centenares de correos spam procedentes de primo@sitios.csic.es y de disco@uni-muenster.de La situación que vivieron durante horas fue paradigmática de la sensación de vigilancia y acoso de la que muchos creen ser víctimas y que se acrecienta con la proximidad de las fechas decisivas del Procés.

No es un buen momento para que las conexiones entre las diferentes familias políticas de la mayoría parlamentaria queden técnicamente interrumpidas. Aunque siempre tuvieron a mano su grupo de WhatsApp, durante el fin de semana tenían que acabar de asumir la decisión del gobierno de cambiar la posición del consorcio del Palau de la Música para poder autorizar la acusación contra CDC, tal como les había pedido el Parlament. Al final, se abstuvieron y permitieron que con los votos del Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, la entidad acusara a los convergentes por presunta financiación ilegal a través del Palau.

Este largo episodio de dudas en las filas del Pdecat sobre qué hacer ante las evidencias aportadas por la Fiscalía sobre el asunto del supuesto traspaso de dinero del Palau a CDC no solamente abrió una brecha pública con ERC (y con la CUP, por supuesto), también ha permitido visualizar la distancia existente entre los jóvenes dirigentes del partido y los veteranos convergentes, algunos de ellos señalados insistentemente por el 3%. El cierre de filas de unos y otros comenzó a resquebrajarse de forma evidente tras el pleno del Parlament en el que el gobierno de Puigdemont quedó desautorizado por su resistencia a acusar a CDC. Algunas voces, como la de Marta Pascal, coordinadora general del Pdecat, comenzaron a plantear la exigencia de pedir perdón por las prácticas del viejo partido.

El caso de Germà Gordó

El caso más relevante de los señalados es el del diputado Germà Gordó, ex consejero de Justicia, ex secretario general de la Presidencia, ex gerente de CDC y ex secretario de Catdem, una de las fundaciones de Convergencia. Gordó negó ayer en su comparecencia ante una comisión parlamentaria ser el nexo entre gobierno, partido y empresarios para hacer efectiva la comisión por la adjudicación de obra pública. “Yo siempre he actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico y nadie nunca me pidió nada contra este ordenamiento jurídico”, repitió ante la comisión a la que no asistió ningún diputado de ERC.

El diputado del Pdecat está pendiente del resultado de la petición del juzgado número 1 de El Vendrell al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para autorizar su investigación. Hace unos meses, el TSJC rechazó tal posibilidad a la espera de nuevas pruebas, considerando insuficientes las declaraciones de un testigo protegido, un empresario que aportó la siguiente cita de Artur Mas: “tienes que hacer lo que este (Gordó) te diga”. Una de las pruebas solicitadas por el juez es la agenda pública del ex secretario del gobierno, documentado negado hasta ahora por problemas técnicos.