Carles Puigdemont está montando un núcleo duro gubernamental sin miedo a la inhabilitación para ante el gran choque que se producirá con la legislación que el Parlament va a aprobar para dar cobertura al referéndum y que el Tribunal Constitucional va a suspender .
Anna Gabriel, la portavoz parlamentaria de la CUP expresó hace pocos días su convicción sobre la existencia de suficientes cargos electos y funcionarios como para garantizar la celebración del referéndum, sin necesidad de depender de aquellos que “temen por su posición”. Hay que escuchar a Gabriel, sus votos mantienen vivo al gobierno catalán y su estrategia se viene imponiendo en la hoja de ruta independentista desde que lograron la cabeza política de Artur Mas. El departamento de Economía y Hacienda, dirigido por el vicepresidente Oriol Junqueras, ha sido el primero en actuar.
El gobierno catalán ha empezado a situar a los “absolutamente implicados”, a los que ella se refería, en los cargos claves para asumir responsabilidades burocráticas imprescindibles para gestionar las partidas impugnadas del presupuesto. La creación de una Dirección General de la Intervención fue explicada por la portavoz del gobierno, Neus Munté, como una reestructuración del departamento para dar salida al mucho trabajo que implica el control de facturas impuesto por el Fondo de Liquidez Autonómico; nada que ver, dijo, con el Procés. El caso es que esta dirección general coordinará el trabajo de los funcionarios de la Intervención y será dirigido por uno de los actuales interventores adjuntos a la Interventora General, advertida por el Tribunal Constitucional, junto con todos los miembros del gobierno, de los peligros de no respetar las prohibiciones dictadas por el tribunal.
La presión sobre altos cargos del gobierno y del Parlament no se han limitado a las notificaciones formales. Algunos de ellos han sido advertidos privadamente de las consecuencias que acarrearía para sus carreras profesionales el dar curso administrativo a decisiones políticas suspendidas por el TC o sustentadas en unas leyes impugnadas. El nerviosismo de estos altos cargos y sus dudas sobre la viabilidad y la vinculación de una legalidad alternativa a la española, aprobada en el último instante por el Parlament para sortear las prohibiciones esperadas, han trascendido justo cuando la desobediencia a la ley se ha convertido en el mantra oficial del independentismo. Se entiende que solamente la ley española será susceptible de ser desobedecida.
Hace una semana, el diputado Lluís Llach alertó a los funcionarios del sufrimiento al que podrían enfrentarse de no obedecer las leyes del Parlament y ahora, el CEO, el centro de estudios de opinión de la Generalitat, va a preguntar a los encuestados: “¿Hasta qué punto es importante obedecer siempre las leyes y las normas?”. No es la primera vez que se formula esta pregunta, ya en 2011 se incluyó en el formulario y también el CIS se interesó por el tema en 2004; sin embargo, las circunstancias políticas en Catalunya son muy distintas a las existentes en aquellos momentos.
La interpretación del resultado que vaya a ofrecer el sondeo será muy libre, dada la falta de concreción de los supuestos en los que la obediencia a la ley pueda ser susceptible de dudas. Pero muy útil a la gran prioridad del momento para la mayoría parlamentaria de JxS y la CUP: la creación de un estado de ánimo favorable al incumplimiento de una legalidad contraria a los planes inmediatos del movimiento independentista. El estado de derecho quedará aparcado hasta que la nueva república crea el suyo propio, entonces ya de obligado respeto.
A medida que se acerca la fecha de la convocatoria del referéndum, de su prohibición inmediata y de la implantación de una legalidad catalana enfrentada a la legalidad española se hace más evidente la urgencia de conocer la predisposición social a la desobediencia. Y también la necesidad de eliminar cualquier signo de duda o señal de tibieza soberanista entre los altos cargos del gobierno y del Parlament, de ahí la creación de un núcleo duro de altos cargos dispuestos a cumplir las leyes de la cámara catalana sin miedo a ser inhabilitados. Poco a poco se van dando los pasos para llegar al día D con dos legalidades y dos gobiernos, obligando al país a tomar partido.
