Los dos años de inhabilitación impuestos a Artur Mas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por desobedecer la prohibición del Tribunal Constitucional al seguir con la organización del 9-N no van a jubilar al ex presidente de la Generalitat. Todo lo contrario, la sentencia le otorga la aureola de condenado por la justicia española, un título que puede venirle muy bien para una hipotética candidatura electoral.
En todo caso, ni la condena es definitiva ni tampoco el relanzamiento de su carrera; tiene pendiente saber si sale airoso de las sospechas del 3%, que le acechan peligrosamente en las últimas semanas y si puede superar la resistencia de algunos dirigentes de su partido a confiar el futuro electoral del Pdecat al viejo dirigente de CDC. Aunque, tal vez, Puigdemont se precipitó cuando afirmó respecto de la sentencia: ”Es un estímulo para los que tomamos el relevo de Mas”. El relevado le escuchaba muy serio a su lado, sin pestañear ni aplaudir.
La estrategia judicial de Mas en la vista oral fue muy criticada por los socios de gobierno de la Generalitat por su bajo perfil desafiador de la legitimidad del tribunal. El resultado le ha dado la razón: inhabilitado, pero poco. Tal vez mejor que una absolución que le habría privado, a los ojos de los independentistas, del honor de la desobediencia, un valor electoral de futuro. Porque desobediencia hubo, según el tribunal, que no ha tenido ninguna duda sobre el carácter ejecutivo por antonomasia de la resolución del TC suspendiendo los preparativos del proceso participativo del 9-N. Mas y las consejeras Ortega y Rigau han sido absueltos del delito de prevaricación administrativa.
La sentencia será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y se agotará en la última instancia europea. Ha llegado mucho antes de los previsto y es mucho más contemporizadora de lo calculado por los agitadores de la indignación soberanista contra el estado de derecho. Las reacciones inmediatas a su lectura han perseguido inequívocamente un subidón del termómetro de la indignación, evitando cualquier relativización de la gravedad de la condena. El mensaje central de Artur Mas, sonriente y aliviado por la rebaja de 10 a 2 años de inhabilitación, no dejaba ninguna duda: la democracia falla en España. “Aquí se persigue a la gente por sus ideas y la ley no es igual para todos”, afirmó el expresidente. El complementario fue igual de nítido: no habrá ningún paso atrás, esto no hace sino reafirmarnos en nuestro proyecto.
Carles Puigdemont, que apareció algo más compungido que el propio Artur Mas, dijo sentirse también condenado por la sentencia, como los más de dos millones de participantes en el 9-N, manteniendo así vivo el intento de aparentar una persecución judicial contra todos los independentistas. “El pueblo de Catalunya los indultará en el referéndum” ha asegurado el presidente de la Generalitat en su comparecencia en el Palau, acompañado de Junqueras y Raül Romeva, buscando, como había hecho Mas, equilibrar el nivel de la ilusión con el de la indignación.
Las reacciones de la oposición han sido de libro. A ERC, la sentencia le ha parecido “indigna y antidemocrática”; la CUP la considera el entierro del referéndum pactado; Ciudadanos ve inevitable la convocatoria de unas elecciones para salir del lío del referéndum; Podemos lo interpreta como la prueba de la baja calidad de la democracia española; el PP lo valora como un golpe muy duro contra el gobierno de Puigdemont y el PSC se alegró de que la condena fuera la menor posible, invitando al gobierno de Madrid y al de la plaza de Sant Jaume a rectificar la vía de la judicialización y emprender la reforma constitucional.
La sentencia no va a cambiar a corto plazo el día a día de la política catalana. Todos proclaman el reforzamiento de sus posiciones previas y la moderada gravedad del aviso para navegantes que supone esta condena por desobediencia no va a asustar a ninguno de los candidatos a comparecer ante el juez en los próximos meses. De entrada, el más beneficiado es Mas, que a partir de ahora ya tiene un calendario para su hipotético regreso al primer plano con el título oficial de condenado por España. Aunque existen dudas sobre la situación del inhabilitado durante la etapa de los recursos judiciales, ya sabe que en un plazo de dos años volverá a ser operativo. En definitiva, entre la CUP y el TSJC le habrán hecho perder cuatro años de su carrera política, una legislatura. Esto si no le atrapa el 3%.
