Cataluña
El exconseller Francesc Homs, acompañado por el expresidente catalán Artur Mas y la exconsellera de Educación, Irene Rigau, a su llegada al Tribunal Supremo fuente EFE
El exconseller Francesc Homs, acompañado por el expresidente catalán Artur Mas y la exconsellera de Educación, Irene Rigau, a su llegada al Tribunal Supremo.
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EFE

Francesc Homs, en busca de la inhabilitación

El 9-N, en sus dos versiones, ya está listo para sentencia

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Mié, 1 Mar 2017

El 9-N, en sus dos versiones, la del Tribunal Supremo y la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, está listo para sentencia. Pronto se comprobarán las primeras consecuencias de la judicialización de la política, impulsada a destajo por el Gobierno de Mariano Rajoy para contentar al inmovilismo nacional y aceptada sin reparos por el gobierno de la Generalitat como instrumento de movilización de las bases soberanistas. En las dos vistas orales se ha evidenciado la divergencia entre las líneas de defensa elegidas por Artur Mas y Francesc Homs y también el cuidado de los acusados de no enervar innecesariamente al tribunal, evitando reproducir ante sus jueces sus habituales declaraciones políticas.

El alegato final ante el Tribunal Supremo, por el que el diputado Francesc Homs expresó un gran respeto, fue paradigmático de este espíritu de moderación sobrevenida. “La providencia del Tribunal Constitucional nace de una decisión política, en el juicio se ha mezclado derecho y política, pero ustedes obrarán solo en función de derecho”, dijo el ex consejero de presidencia de la Generalitat, rebajando así, ante los magistrados, la acusación de ser víctima de un juicio político, formulada tantas veces en la calle por tantos dirigentes independentistas.

Tampoco les reprodujo a los miembros del tribunal su predicción de unos días antes, cuando aseguró que de haber una respuesta penal al proceso democrático y pacífico del soberanismo “será el final del Estado español”. Se limitó a subrayar la “enorme responsabilidad” del tribunal y a anunciarles que sea cual sea la sentencia “no modificará mi conducta” y que “el referéndum se va a hacer este año”.  

La culpa fue de los voluntarios

La argumentación mantenida por Homs ante el Supremo ha diferido notablemente de la línea esgrimida por Artur Mas ante el TSJC hace unas semanas. La diferencia es muy vistosa y denota un desarrollo desigual de la capacidad de percepción del peligro o simplemente la conciencia de una perspectiva política muy diferente en ambos en el momento de plantearse la defensa. Mas declaró no haber hecho nada a partir del momento en que conoció la providencia del Tribunal Constitucional prohibiendo la celebración del proceso participativo, dejándolo todo en manos de los 42.000 voluntarios.

En cambio Homs asumió haber seguido adelante con los preparativos logísticos a través de las empresas contratadas a tal efecto por el gobierno porque no entendió el alcance de dicha providencia. El ex presidente sueña con el retorno y su ex consejero con ser la primera víctima judicial del Proceso, aunque sea a costa de alegar una ignorancia impropia de un abogado. 

Una prohibición genérica

Carles Viver i Pi-Sunyer, el jurista de cabecera del independentismo y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, desveló en su testimonio haberle dicho a Homs que “debía obedecer la providencia, a pesar de ser ésta genérica, omnicomprensiva, como todas las providencias. Pero al no quedar claras las iniciativas afectadas por la suspensión también le sugerí que pidiera una aclaración al tribunal”. El consejero de Presidencia de la Generalitat se quedó con esto último. “No había forma humana de saber su alcance”, afirmó para subrayar su ignorancia de las consecuencias de la notificación; al no recibir ninguna aclaración desde el TC hizo saber a sus proveedores oficiales que siguieran con los trabajos informáticos, publicitarios y organizativos para asegurar la logística de la convocatoria antes de ponerla en manos de los voluntarios.

Aquí está la clave del contencioso jurídico, según los abogados defensores. Las formalidades legales posteriores a la providencia de suspensión, la falta de requerimientos personalizados sobre las consecuencias de desobedecer. En el caso de la inhabilitación de Juan Maria Atutxa, ex presidente del Parlamento vasco, hubo un “sinfín de requerimientos”, recordó la abogada Eva Labarta, a diferencia de este en el que no hubo ninguno. Un detalle que parece haber rectificado el TC en las notificaciones a Carme Forcadell y a los diferentes miembros de la mesa del Parlament, apercibidos una y otra vez de los peligros de la desobediencia.

La Fiscalía no pareció darle demasiada relevancia a estas formalidades posteriores a la notificación de la suspensión por parte del TC. Más bien se sorprendió de que el gobierno catalán entendiera perfectamente la primera providencia de prohibición del decreto de la consulta del 9-N, cumpliéndola de inmediato, y en cambio, unos días después no comprendiera el sentido y alcance de la segunda providencia dirigida a paralizar el proceso participativo, idea alternativa a la consulta. Siendo las dos providencias idénticas, aseguró el fiscal, Jaime Moreno, quien concluyó que “fue un desafío a la legalidad y al Estado de derecho”.

Homs esquivó la referencia directa del fiscal a la voluntad de mantener un pulso al estado de derecho por parte de la Generalitat con una afirmación personal (“no quiero ser de este Estado si por poner las urnas se entiende como un pulso”) y con un comentario complejo que no acabó de desarrollar hasta sus últimas consecuencias quizás para no enredarse más de la cuenta: “no hay democracia sin ley, pero en Catalunya sabemos que hay ley sin democracia. El Parlament solo ha podido hacer leyes en democracia, pero las Cortes han hecho leyes en otras circunstancias, sin democracia”.

Luego buscó en Joan Maragall un final poético para su alegato: “Nosotros somos los que hacemos patrias nuevas”. La primera tanda de juicios con música patriótica acabó justo cuando comenzaba en Barcelona la vista oral por el expolio del Palau de la Música y la financiación ilegal de CDC, en la que está encausado el ex tesorero del partido de Homs.

 

Jordi Mercader es periodista y analista político