Lo acontecido en los peores meses de la pandemia del coronavirus en las residencias de Castilla y León es algo que ni PP ni Ciudadanos, ambos en la Junta, quieren que salga a la luz. Muestra de ello son sus intentos para bloquear la solicitud del PSOE de una comisión de investigación, aunque estos intentos podrían resultar anulados tras la pérdida de la mayoría absoluta que trajo la fallida moción de censura en la región.

En este contexto, Amnistía Internacional en Castilla y León ha expuesto que es una obligación investigar y esclarecer lo que ocurrió en las residencias de mayores de la Comunidad, así como llevar ante la Justicia a las personas responsables del drama que se vivió, cuando se vulneraron los derechos humanos de los ancianos que vivían y viven en estos centros, donde se echaron por tierra sus derechos a la salud, a la vida y a la no discriminación.

En el informe que la organización ha realizado consta que estas personas fueron “abandonadas a su suerte”. Los duros momentos que se vivieron han sido muestra del abandono que han sufrido durante años e incluso el negocio que se ha hecho de ello, como han denunciado diferentes organizaciones de familiares. Ello deja evidencia de la necesidad de repensar el modelo residencial.

Por otro parte, la investigación de Amnistía Internacional también señala que durante el pico de la primera ola el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni el acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que recibían. Y es que el impacto real de esta tesitura no se conoce por la ausencia de datos sobre el personal afectado, aunque estiman que entre marzo y abril de 2020 hubo centros donde más del 50% del personal estaba de baja.

Finalmente, pese a la mejora que ha producido la vacunación en este grupo de población, Amnistía Internacional pide no olvidar la situación de vulnerabilidad de las personas mayores, muchas veces aquejadas de otras patologías, lo que prima la necesidad de que las autoridades continúen adoptando medidas de prevención, detección, control y vigilancia del coronavirus con la finalidad de garantizar una atención sanitaria adecuada y sin discriminaciones.

“Ninguna emergencia sanitaria justifica ni la violación de derechos humanos ni el abandono que sufrieron las personas mayores en residencias y, para evitar que esto suceda, desde Amnistía Internacional trasladamos a la Junta una serie de recomendaciones para garantizar una atención adecuada en las residencias de mayores de nuestra Comunidad”, sentencian.