Lo denunciaban ante ELPLURAl.COM el pasado mes de octubre, cuando aseguraban que Mazón estaba castigando a los municipios críticos afectados pora la DANA y ahora vuelven a dar la voz de alerta. El  Kolectivo de Jóvenes del Parke, que trabaja en L'Horta Sud de la Comunidad Valenciana, la que más sufrió los daños originados por la tragedia del 29 de octubre de hace un año, lleva largo tiempo alertando de la asfixia a la que le tiene sometido la Generalitat Valenciana. 

Llevan ocho meses sin cobrar por la gestión de los dos centros de atención diurna para la infancia y la adolescencia que gestionan, pero además, ahora tienen problemas también con el Ayuntamiento de Alfafar por otros dos proyectos que desarrollan: el supermercado y la cooperativa sociales. 

Esta misma semana se han concentrado en la plaza del Consistorio para denunciar el "acoso y derribo" que sufren por parte de estas dos administraciones, en manos del Partido Popular. 

Tienen claro que detrás de esta falta de apoyo hay un castigo 'ideológico'. "Este barrio denunció la situación de abandono institucional que sufrimos en la situación de emergencia y fue capaz de crear respuestas sociales cuando ninguna administración lo hizo, critica a los gobiernos que niegan el cambio climático y permiten construir en zonas inundables y alerta de que la llamada “reconstrucción”, que construye en un mes puentes, pero tarda años en construir colegios, hace negocio con nuestro dolor mediante adjudicaciones millonarias a empresas implicadas en casos de corrupción", relata a este medio Juan Miguel Fernández, director de uno de los centros de este entidad. 

Esas son las verdaderas razones "por las que se nos asfixia", mantiene, "porque iniciativas como el supermercado social denuncian que hay muchas personas que viven con ingresos que les impiden hacer frente a las necesidades básicas, lo que supone una vulneración de los derechos humanos".

El supermercado del Parke se creó pocos días después de la DANA. "Era un establecimiento que llevaba abandonado 15 años. La UME lo abrió y allí nos pusimos", recuerda Fernández, que subraya que "en las semanas y meses más difíciles permitió dar respuesta a la necesidad de alimentación de centenares de familias", pues, además, de también sirvió para 2gestionar donaciones de ropa, electrodomésticos, muebles, medicamentos e, incluso, ayudas económicas, que han llegado a numerosos hogares del barrio". 

Hoy molesta porque "las largas colas cada vez que abre demuestran que hay muchas personas que deben elegir entre pagar el alquiler, la alimentación, la luz, el agua, el transporte o las necesidades escolares", denuncia, enfatizando que en la actualidad atiende a unas 300 familias semanalmente. "Facilitarles parte de la alimentación u otras necesidades básicas es, simplemente, hacer posible que se cumplan los derechos humanos en nuestras poblaciones", insiste. 

La cooperativa, por su parte, lleva 38 años concertando programas de inserción sociolaboral: primero de limpieza viaria y, actualmente, también de mantenimiento. "Su labor es innegable", defiende. "Se han hecho cientos de contrataciones, incluso en momentos tan difíciles como la COVID y la barrancà". 

Ambos locales, el de la cooperativa y el del supermercado son propiedad municipal, pero el Consistorio lejos de "echarnos una mano, nos manda inspecciones". Con la protesta de esta semana han conseguido el compromiso del primer edil de mantener una reunión antes de las navidades para abordar el asunto, aunque avanzan que "ya hemos visto el talante de Juan Ramón Adsuara, que dice que hará lo que digan los técnicos y se niega a hablar en público de esto". 

También los centros de día atraviesan serios problemas. Llevan 8 meses sin cobrar, pese a que la actividad no se detuvo en ningún momento tras la tragedia. Aunque quedaron arrasados por el barro, se siguió prestando servicio donde se pudo. "Utilizan pretextos de exigencias administrativas como coartada para el impago"; lamenta Fernández, que habla de una espiral de la que no pueden salir. "Se nos exigen requisitos que sin dinero no podemos cumplir", lamenta.  

Este integrante del Kolectivo Jóvenes del Parke tiene clara cuál ha sido la estrategia: esperar a la dimisión de Mazón para que se acallaran un poco las protestas y ahí atacarnos. 

VOX lleva meses absteniéndose en la Junta de Gobierno cuando hay que ratificar los pagos propuestos por intervención del propio Ayuntamiento y este mes, incluso, se ha sumado a la abstención el Parido Popular, alegando de nuevo irregularidades administrativas y amenazando con la suspensión del convenio. 

El cambio de Gobierno no augura un panorama más alentador. "Ahora en la Generalitat Valenciana gobierna Vox con Pérez Llorca como presidente. Les han dado carta blanca", lamenta Fernández. 

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