Cada visita de Felipe VI a Cataluña se convierte en un juego del escondite con la Generalitat. A la cena con el monarca, sí, cuando el organizador no es la Casa Real, como sucedió anoche con ocasión de la inauguración del World Congress 2021. Al besamanos de bienvenida de las autoridades catalanas al monarca, no, como máximo exponente de la rebeldía republicana en una monarquía parlamentaria, actitud en la que el presidente catalán, Pere Aragonés, sigue el estilo marcado por Ada Colau desde el primer día de su mandato como alcaldesa de Barcelona. Es un ritual que responde a la necesidad por parte del independentismo oficial de señalar un adversario nítido que compense el acercamiento imprescindible al gobierno de su majestad.

El Rey es la torna de la Mesa de Negociación. La torna, en catalán, es la pieza de pan que permite alcanzar el peso exacto de la cantidad adquirida. En este caso, el Procés necesita de un volumen determinado de beligerancia (sobre todo de ruido mediático) contra el Estado español que se vería peligrosamente reducido por la apuesta negociadora y en los últimos días por la aprobación y firma real de los decretos de indulto. A mayor acercamiento al gobierno de Pedro Sánchez mayor belicosidad con la Corona, es la forma más práctica para mantener viva la tensión mínima que los estrategas del Procés consideran imprescindible para mantener la llama de la ilusión de las bases.

Felipe VI es para la Generalitat una pieza del engranaje institucional muy adecuada para sus propósitos.  Primero porque es rey y eso implica que a cada plantón protocolario se reafirma la retórica de la “Generalitat republicana”, una denominación que juega a la confusión con el concepto del republicanismo como sistema de valores para el buen gobierno con la presunta continuidad del actual gobierno catalán con la Generalitat republicana presidida por Lluís Companys, como si entre una etapa y otra no hubiera sucedido nada. Además, el discurso del monarca en la noche del 3 de octubre de 2017, se sitúa según el calendario independentista en fecha fundacional de la “represión sistemática”.

Después de los indultos, han ganado protagonismo los 3.000 represaliados, una cifra redonda de personas que están pendientes de juicio en numerosas causas abiertas a otros tantos independentistas por sucesos de magnitud y relevancia bien diferentes. Ahora mismo, todo está centrado en el Tribunal de Cuentas ante el que el próximo martes comparecerán casi 40 ex dirigentes de la Generalitat que son investigados por presunta malversación de fondos públicos durante los últimos ejercicios presupuestarios en el ámbito de las relaciones internacionales. Una causa general de difícil concreción, según todos los especialistas, dada la dificultad contable de separar el gasto público correspondiente a la administración competencial de las cantidades dedicadas a la promoción internacional del Procés.

Pero el Rey siempre tendrá preferencia como objetivo de movilización en la calle (cada vez menor) y de la desobediencia protocolaria. El coste de esta falta de respeto institucional es prácticamente nulo, aunque el mundo empresarial lo lamente profundamente, y el rédito entre las bases es alto por su vistosidad simbólica. En el caso de avanzar la Mesa de Negociación, la Corona ganará valor como destinataria de la rebeldía republicana e independentista. Si Oriol Junqueras afirma que este (el gobierno de Sánchez) es el mejor gobierno de la última década, como ha hecho en La Vanguardia, y si Pere Aragonés se va a reunir el martes con Pedro Sánchez; entonces, Felipe VI paga los platos de la decepción que tanta entente podría causar en los soberanistas más nerviosos por el retraso acumulado en el advenimiento de la república catalana.

Esta semana, además de las citas en el Tribunal de Cuentas y en Moncloa, el Rey regresa a Barcelona para entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona correspondientes a 2020 y 2021. El acto se celebrará en Caixa Fòrum, evitando acudir a Girona, capital oficiosa del independentismo. La Casa Real parece que se ha avenido sin demasiados problemas al juego del escondite planteado por la Generalitat para no entorpecer el acercamiento político entre gobiernos.