Los partidos independentistas podrían elegir a su propio presidente de la Generalitat en el exilio en la persona del diputado Carles Puigdemont, de confirmarse el principio de acuerdo más o menos existente entre ellos. El temor a nuevas imputaciones de desobediencia en el caso de intentar una investidura oficial en el Parlament parece haberse impuesto finalmente al discurso legitimista de JxC. La contrapartida es un nuevo brindis al sol. El plan ahora es proclamar un presidente por parte de la cámara según el Estatuto y homenajear a Puigdemont con el reconocimiento de presidente auténtico por parte de una asamblea de cargos electos locales y autonómicos de adscripción independentista.

La evolución de la idea de la presidencia simbólica instalada en Bruselas para satisfacer a Puigdemont y a quienes creen que el electorado catalán le eligió como a presidente inexorable en los comicios de 21-D ha ido evolucionado en las últimas horas hacia una propuesta de política ficción, al estilo Tabarnia, ese territorio fabuloso integrado por las provincias de Barcelona y Tarragona, cuyas raíces se remontan a los resultados electorales de hace un mes. De pensar en una sesión parlamentaria sin pretensiones de investidura pero dedicada al reconocimiento político y honorífico de Puigdemont como víctima del 155 y de la intransigencia judicial española, se ha pasado a una supuesta investidura paralela por parte de una asamblea de independentistas reunida en Bruselas.

¿Un presidente emérito?

La república invisible de Catalunya no puede ser menos que España o la Iglesia Católica, va a tener un presidente emérito, tal cual papa o rey, y un presidente ejecutivo. Hay que hacer un esfuerzo para no sonreír ante el proyecto ideado para salir del paso de las tensiones entre legitimistas y pragmáticos que amenazaban, o amenazan todavía, con provocar unas nuevas elecciones. De concretarse el acuerdo, ERC saldrá victoriosa de su alegato en defensa de la urgencia de disponer de un gobierno legal y operativo para salir del control de 155; a costa, sin embargo, de transigir en  la creación de una estructura de la nada cuyos efectos pueden ser altamente dañinos para el prestigio de las instituciones históricas de Catalunya.

Se mire como se mire, no parece una buena idea la presentación de una asamblea de cargos electos de partido (o partidos) de adscripción voluntaria como depositaria de legitimidad de los catalanes (de una parte), enfrentada o complementaria a la legitimidad democrática del Parlament. De la misma manera que elegir alegremente un presidente de la mitad de los catalanes con pretensiones de superioridad política frente al presidente del gobierno del país no presagia nada bueno, más allá de la desautorización institucional y el peligro del ridículo.

La operación es justificada por la excepcionalidad creada por la aplicación del 155, el encarcelamiento inexplicable de diputados electos y las condiciones imposibles impuestas por el Tribunal Constitucional a la investidura real del diputado Puigdemont. De todas maneras, no puede escaparse a nadie una cierta ligereza en este planteamiento, en la línea de la creación de una legalidad paralela intentada por el Parlament en septiembre, la efímera proclamación de la república en octubre o la promesa electoral del regreso a Barcelona en el caso de poder ser investido presidente en diciembre. Una frivolidad de gran éxito electoral, tanto como para aconsejar a ERC no tentar a la suerte con unas nuevas elecciones en primavera.