Decía un tuit de Gerardo Tecé que "la DUI y el 155 pasarán. Pero que defendáis y normalicéis pedir 30 años de cárcel para quien os diga la tele, se va a quedar".

Antes de continuar con la lectura de este artículo, le invito a reflexionar sobre ese mensaje y la enorme carga de contenido que tiene. Porque desde mi punto de vista, es tan cierto como que nuestra Democracia y nuestra Justicia se desmoronan. Más bien, nos muestran sus costuras de manera insultante, y los medios de comunicación se empeñan, tozudamente, en maquillar la realidad, desviar el foco de atención y manipular nuestras entendederas.

La verdad en sí misma es difícil de encontrar. Porque los hechos se suceden, de manera vertiginosa. Porque es materialmente imposible estar en todas partes, en todo momento y conseguir captar con la justa medida lo que existe, lo que se oculta, lo que se magnifica y lo que se inventa. No es sencillo ejercer el periodismo sin tener un trasfondo mínimo de conocimiento sobre materias imprescindibles, como en este caso supone conocer, al menos, un poco de Derecho: Procesal, Penal, Constitucional. De esta manera, es frecuente alimentarse de información que realmente es opinión; y esto distorsiona la opinión pública y la conformación de la crítica social está grave y seriamente manipulada por los intereses de quienes financian a los opinadores profesionales.

Afortunadamente no todo es así. Disponemos hoy en día de acceso a información, análisis y documentos que bien nos pueden aportar un poco de luz para poder comprender mejor lo que sucede. No todo es blanco ni negro. Hay matices. Y por desgracia, desde los principales medios de comunicación no se abordan los asuntos con la suficiente objetividad que sería necesaria para conformar una realidad social democrática y justa.

Por todo ello considero importante no pasar por alto análisis de rigor que han sido publicados y que deberían ser conocidos. Me refiero fundamentalmente a cuatro artículos que analizan jurídicamente la actualidad. El primero de todos es el que acaba de escribir el Catedrático de Derecho Penal, Joan Queralt, en El Nacional, titulado "Rebelión en Bruselas".  En este análisis jurídico, el Catedrático explica con detalle varios puntos fundamentales sobre las querellas presentadas el lunes pasado por el Fiscal General, una ante la Audiencia Nacional (contra el President, los Consellers y otros cargos de la Generalitat de Catalunya) y la que fue presentada en el Tribunal Supremo (contra la Presidenta Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament).

-       Competencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo para conocer de los supuestos delitos imputados: señala el Catedrático de Derecho Penal que la Audiencia Nacional no tiene la rebelión, ni la sedición ni la malversación entre los delitos que le toca investigar y juzgar. Y así, se remite a lo mismo que sucede con el asunto de "los Jordis", puesto que la Juez Lamela no debería conocer de este asunto.

Podrá el lector pensar que Joan Queralt, por ser catalán, no es objetivo. Sería una valoración absurda, puesto que estamos hablando de una máxima autoridad en Derecho Penal. Pero en cualquier caso, para evitar que pueda considerársele "voz de parte", le invito a leer el artículo que, a tenor del encarcelamiento de "Los Jordis" escribió el Director de eldiario.es, Ignacio Escolar, con el título de "Ilegalizar el independentismo". En este artículo de análisis, Escolar recuerda cuál fue el posicionamiento del hoy Fiscal General, cuando era miembro del Tribunal Supremo. Maza formaba parte del Tribunal que absolvió al Juez Baltasar Garzón cuando fue condenado por prevaricación. En aquél momento, Maza firmó un voto particular donde manifestaba que él si consideraba que Garzón había prevaricado, haciendo hincapié en la "falta de competencia del Juez para investigar sobre ese delito (rebelión)".  En este interesante artículo, se llega, entre otras, a la conclusión de que si la Fiscalía no hubiese solicitado el ingreso en prisión de "Los Jordis", no habrían entrado. Y añade, que la Fiscalía no habría pedido el ingreso en prisión, si el Gobierno no estuviera detrás de la Fiscalía.

Pero además, recomiendo leer a Elisa Beni, en su artículo titulado "Un auto que sonroja", donde señala que los propios magistrados de la Audiencia Nacional, en 2008, ya determinaron en pleno que no eran competentes para este delito.  Analiza Beni punto por punto el auto de Lamela para justificar la encarcelación de Sánchez y Cuixart. Y detalla punto por punto los excesos interpretativos que la Juez se saca de la manga para justificar su decisión.

Como señala Queralt, "no es un tema técnico, para estudiosos juristas, sino que establecer qué tribunal es el competente afecta al derecho fundamental al juez predeterminado por la ley".

-       El Fiscal General como actor en este proceso: señala también el artículo del Catedrático que la figura de Maza no carece de sombras. Y es que, el Fiscal General del Estado, ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados recientemente.  Cabe recordar que, en el mes de mayo de este mismo año, una importante mayoría del Congreso (207 votos) aprobó la reprobación del Ministro de Justicia (Rafael Catalá) por su "injerencia" en procedimientos judiciales en los que están investigados cargos públicos del Partido Popular, así como por su "comportamiento" que ha provocado el menoscabo del Ministerio Fiscal. Se solicitaba también la destitución del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por "incumplimiento grave y reiterado de sus funciones", junto a la remoción del Fiscal Anticorrupción Manuel Moix. A ambos se les atribuyeron actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular que estaban siendo investigadas en causas judiciales. Maza declaró en aquél momento que le daba lo mismo la reprobación, porque a él "la opinión de la gente...".

Señala, además, Queralt, que el Fiscal General ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "sala de la que formó parte hasta hace pocos meses". Teniendo este hecho en cuenta, las amistades o enemistades que allí conserva, no serían un elemento que pudiera garantizar la máxima objetividad en este asunto.

-       Puigdemont, en Bélgica: Mucho se ha comentado la presencia del President en Bruselas. Incluso, las primeras informaciones decían que el Ministro de Exteriores Belga le había garantizado asilo, y que el Primer Ministro tuvo que salir a desacreditarle de inmediato. No fue así. Y en este capítulo tenemos también claras muestras de la manipulación mediática que se está haciendo. Porque el Ministro de Exteriores fue consultado por la prensa sobre la situación de Puigdemont, y la posibilidad de que solicitase asilo a Bélgica, a lo que el ministro contestó que, de darse las circunstancias, no sería descabellado plantearlo. Sin más.

Como quiera que algunos medios de "información" corrieron raudos a publicar que el ministro belga de Exteriores había afirmado proceder al asilo de Puigdemont, el primer ministro tuvo que salir a desmentir esos titulares. Pero aquí, una vez más, la información que se dio era retorcida. Se quiso dar a entender que el Primer Ministro salió para desautorizar a su Ministro de Exteriores. Todo absurdo. Porque para que pudieran plantearse el hecho de asilar a Puigdemont, primero debería abrirse un procedimiento contra él. Cosa que en aquel momento aún no había sucedido.

Sea como fuere, y sirva el párrafo anterior simplemente para dar cuenta de la enorme tergiversación y manipulación de hecho fácilmente contrastables, Puigdemont ha salido de España con total normalidad. Sin huir. Ni esconderse de nadie. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado públicamente conocer de la salida del president junto a sus consellers. Queralt explica perfectamente que ni está a la fuga, ni se le puede acusar absolutamente de nada por el hecho de haberse desplazado a Bruselas para dar una rueda de prensa, y de paso, contratar un abogado.

Y mientras escribo estas líneas, por un lado, se pospone hasta el 9 de noviembre la declaración de Forcadell, presidenta del Parlament (y recalco que conserva el cargo de segunda autoridad de Catalunya, porque lo sigue siendo, y por ello ha llegado en coche oficial) y de los demás convocados por el Tribunal Supremo, puesto que fueron notificados (los que lo fueron) en la tarde de ayer a las 18.00 horas aproximadamente. Y de esta manera, no se cumple con lo que debiera ser mínimamente necesario para poder preparar una defensa de manera adecuada. Básicamente, los abogados de la Presidenta y de los miembros de la mesa (Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simò, Ramona Barrufet yJoan Josep Nuet), han emitido un escrito en el que han solicitado que se retrase la comparecencia, puesto que necesitan tiempo para poder estudiar la querella y preparar las alegaciones, así como presentar las pruebas pertinentes. Lo cierto es que no han tenido ni siquiera un plazo de 24 horas desde que han recibido la notificación hasta la hora en la que debían personarse. Y esto es, contrario a Derecho.

Por su parte, en la Audiencia Nacional, y al mismo tiempo, la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Oriol Junqueras y de siete de los consellers que han declarado.  Seguramente cuando este artículo esté ya publicado, la Fiscalía ya haya también solicitado la detención de Puigdemont y de los cuatro consejeros que no han acudido a la Audiencia Nacional esta mañana.

Hace aguas la Justicia Española. Porque aquí nada es lo que parece, y quienes deberían garantizar el cumplimiento escrupuloso de las leyes, están demostrando que en su interpretación se atiende más a los intereses de quienes, a su vez, están señalados por ser el partido más corrupto de Europa.

Y para muestra, una última información, que tiene la finalidad, simplemente, de hacerle pensar al lector: La persona que acaba de ser puesta al frente de los Mossos, Pérez de los Cobos, tiene un perfil muy interesante del que prácticamente nadie ha hablado. Quizás le hayan enviado a controlar a los Mossos ante lo que los Populares han denominado un "golpe de Estado" porque, precisamente él, sabe mucho de este asunto. Conoce tanto del tema porque formó parte del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: se presentó, con camisa azul, como voluntario en el Cuartel General de Yecla, para apoyar la insurrección militar comandada por el Coronel Tejero.  Y es que, ahora parece ser firme defensor de la Constitución, según su cargo requiere. Quizás influido por su hermano, Francisco Pérez de los Cobos, Presidente del Tribunal Constitucional desde 2013 hasta este año. Los dos, muy activos en la campaña por el "NO" a la Constitución hace ya casi cuarenta años.

Saque usted mismo sus conclusiones. Y permítame citar a Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: "Esto tiene un olor a franquismo tremendo". ¿A que sí?