El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la prohibición de las corridas de toros que acordó la Generalitat catalana en 2010, al considerar que con aquella decisión invadió competencias estatales. Una mayoría de ocho votos a favor y tres en contra ha considerado que el ejecutivo catalán fue más allá de las atribuciones que le conceden las transferencias de gestión que ejerce en materia de espectáculos y de protección de los animales.

Aunque reconoce la competencia de la Generalitat en materia de espectáculos públicos y la protección de animales, cree que no puede llegar hasta prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central. 

Ahí es donde las competencias catalanas invaden las estatales y en ese punto cuenta también otro elemento clave: las leyes dictadas por el ejecutivo central (2013 y 2015) por más que sean posteriores a la norma catalana ahora anulada, tienen validez, entre otras razones porque nunca han sido recurridas ante el propio TC.

El fallo se fundamentará en una sentencia que será notificada en los próximos días y que contará con el voto particular de los tres magistrados discrepantes. La ponente de la sentencia aprobada hoy es la magistrada Encarnación Roca, propuesta por CiU para el TC con el acuerdo del PP y del PSOE.

El recurso de anticonstitucionalidad fue presentado por el grupo parlamentario del PP en el Senado y ahora el Constitucional les da la razón. 

Se da la circunstacia de que los toros están prohibidos en Canarias desde 1991. Fue la primera comunidad que lo hizo sin que ni el PP ni ninguna institución del Estado se quejara.