Mal vamos en Cataluña cuando hemos llegado al punto en que las matemáticas han dejado de ser una ciencia exacta. Mal vamos cuando toda una portavoz del Gobierno de la Generalitat, la consejera Meritxell Budó, afirma que los 15 concejales de ERC y JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona forman mayoría secesionista, en un sorprendente ejercicio de aritmética creativa, porque en la capital catalana -que por ahora aún sigue siendo Barcelona, por mucho que lo lamente el presidente vicario Quim Torra, que ha dicho que desearía que lo fuese Girona- haya un total de 41 ediles, 26 de los cuales no son separatistas. Buena prueba de ello, por si era necesario demostrar lo obvio, es que 21 de estos concejales -los 10 de BEC, los 8 del PSC y 3 de los 6 de BC-C’s leales a Manuel Valls- han reelegido a Ada Colau como alcaldesa mientras el candidato independentista, exsocialista y ahora de ERC, Ernest Maragall, se quedó solo con 15 apoyos -los 10 de su partido actual y los 5 de JxCat-, con 3 votos en blanco de los otros 3 regidores de C’s y los 2 votos del PP para su candidato, Josep Bou.

Pero es que en Cataluña vamos todavía mucho peor, en una vía directa que solo puede conducirnos de forma inexorable a esa “derrota colectiva” de la que Antoni Puigverd con lucidez escribe en La Vanguardia, a un desastre colectivo que va a marcar no solo el presente sino el futuro de la ciudadanía catalana no ya a corto sino incluso a medio y a largo plazo. Es cada vez más preocupante el alto nivel de crispación, ya no solo verbal sino por desgracia también física, en el que se ha instalado una parte como mínimo muy significativa de lo que es el movimiento independentista. Por desgracia no podemos hablar ya de solo unos pocos casos aislados, más o menos anecdóticos o banales. Lo sucedido durante y después de la sesión de investidura de Ada Colau, en la mismísima plaza de Sant Jaume de la capital catalana, con toda clase de insultos y agresiones verbales e incluso físicas contra la alcaldesa y contra los concejales que la habían votado, es un atentado sin precedentes a las normas más básicas de la convivencia democrática.

La ciudadanía de Cataluña, que durante tantos años tuvo un comportamiento ejemplar y de respeto a su propia pluralidad ideológica y política, ha pasado a ser, por desgracia, la lamentable excepción que ha confirmado la regla del cívico acatamiento de la legalidad democrática en la constitución de los miles y miles de ayuntamientos que se han constituido después de los pasados comicios municipales. No me consta ningún incidente digno de mención en ninguno de los consistorios del resto de España. Solo en Cataluña estos hechos han sido numerosos. No solo en Barcelona, también en Sabadell y en otras localidades, hasta llegar al límite del vergonzoso esperpento protagonizado en el municipio gerundense de Santa Coloma de Farners -lugar de origen de Quim Torra-, en el que la hermana y la cuñada del presidente de la Generalitat obligaron a la suspensión del pleno y abortaron el pacto de investidura de la candidata de JxCat como alcaldesa con sus votos y los del PSC.

La extrema gravedad de estos sucesos, que constituyen atentados flagrantes a la legalidad propia de un Estado de derecho democrático y social, únicamente se ha producido en aquellos consistorios en los que el separatismo no ha logrado mayorías de gobierno, a pesar de haber vencido en las urnas alguno de sus candidatos. No ha habido ni un solo incidente de esta índole en ninguno de los ayuntamientos en que, a pesar de haber obtenido mayor número de sufragios ciudadanos, candidatos no secesionistas han sido derrotados por las alianzas más o menos sorprendentes de otras formaciones. Así ocurrió, por ejemplo, en una capital de provincia como Tarragona pero también en La Seu d’Urgell y en otras poblaciones catalanas, en las que los candidatos del PSC ganaron los comicios pero no obtuvieron las alcaldías. Otro tanto le aconteció al PP, vencedor electoral en municipios como Badalona y Castelldefels, pero que no consiguió que sus candidatos se hicieran con las varas de mando.

Mucho me temo que todo esto de algún modo viene de esa extraña aritmética creativa de la portavoz del Gobierno de la Generalitat. La consejera Budó es de las que piensa que solo deberían ser tenidos en cuenta los votos de los que son partidarios de la secesión de Cataluña. Todos los demás, por muy ciudadanos de Cataluña que seamos, supongo que según ella deberíamos quedar excluidos de los recuentos electorales. De esta manera, en efecto, 15 serían más que 26. Porque los 26 no existiríamos.