Miquel Iceta no da abasto estos días para poner freno a las tesis de un acercamiento inminente del PSC, ERC y Comunes, primero en materia de presupuestos estatales y autonómicos y, más adelante, en un hipotético gobierno de izquierdas en la Generalitat. El primer secretario de los socialistas catalanes insiste en la necesidad de un gesto por parte de los partidos independentistas para dar credibilidad a su voluntad de diálogo, aunque no concreta el alcance del movimiento, pero es de suponer que se trata de una renuncia formal a la vía unilateral, como paso previo de reconciliación. También ERC y PDeCAT tienen su exigencia al gobierno Sánchez para aprobar los presupuestos generales, quieren una señal para con sus dirigentes procesados, que, depende de quien lo formule, puede ser el archivo de la causa, la absolución o el final de la prisión preventiva.

El momento de la decisión sobre los presupuestos queda algo lejos para aventurar el sentido final del voto de los grupos independentistas, ni siquiera se puede intuir si van a mantener la misma posición. El día que se cumple el primer aniversario del ingreso en la cárcel de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium, respectivamente, es difícil para cualquier dirigente independentista atender al argumento de la separación de la negociación presupuestaria de la presión política para mejorar las perspectivas de sus procesados. Y aun así, las primeras voces en este sentido se han hecho oír en público, comenzando por la de Carles Campuzano, portavoz del grupo del PDeCAT. En privado, hay bastantes más, especialmente entre los miembros del gobierno catalán.

"Un año de vergüenza. Un año de dignidad" es el lema del recordatorio de la prisión preventiva en la que permanecen 'los Jordis', criticada con motivo del aniversario por Amnistía Internacional, que la considera “una restricción desproporcionada” de sus derechos, sumándose así a la idea del “exceso”, muy extendida en Cataluña, incluso entre algunos ministros, según han manifestado con expresiones variadas. Con las detenciones de los presidentes de las dos entidades cívicas se produjo el salto cualitativo a la sedición y rebelión como tipos penales susceptibles de ser aplicados a los dirigentes del Procés, cuando hasta aquel instante, solo se barajaba como amenaza la desobediencia para el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, a la que se sumaba la malversación para los miembros del gobierno.

'Los Jordis' personifican mejor que nadie la sospecha de la desproporción tanto en la aplicación de la prisión preventiva como en las acusaciones por rebelión

Los dos Jordis personifican mejor que nadie la sospecha de la desproporción tanto en la aplicación de la prisión preventiva como en las acusaciones por rebelión, atendiendo a su condición de líderes sociales sin responsabilidades institucionales. En este punto existe una alta coincidencia política que alcanza hasta el PSC.  Los socialistas catalanes, resucitados políticamente tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, están en plena campaña de promoción de los presupuestos generales, calificados de progresistas en su conjunto y de beneficiosos para Cataluña, en particular, que obtendría algo más de 3.000 millones adicionales. Batallan por los presupuestos y por la separación de poderes en el estado de derecho, negando cualquier posibilidad de poner sobre la mesa la cuentas públicas y el futuro de los procesados.

En esta operación, el PSC tiene por aliados a los Comunes, especialmente Ada Colau, que defiende una mayor aportación del gobierno central en el transporte metropolitano y la posibilidad de intervenir desde el ayuntamiento en la regulación de los alquileres. El inconveniente para los socialistas del entusiasmo de los Comuns por alcanzar un pacto presupuestario de ámbito central y autonómico (el municipal decayó casi automáticamente por la oposición del candidato Jaume Collboni) es que se interpreta como premonición de un acuerdo de gobierno con ERC, viejos conocidos del primer y segundo tripartito.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el consejero de Exteriores y futuro alcaldable republicano por Barcelona, Ernest Maragall, se han sumado a las propuestas de Colau, alimentado la tesis del acuerdo, con sendas declaraciones contemporizadoras con los socialistas, comparadas con recientes acusaciones de formar parte de la coalición del 155 y la represión, que el presidente Torra, mantiene todavía por su parte, lo que no hace sino demostrar el alejamiento de los actuales socios en el gobierno de la Generalitat.

Miquel Iceta se hace el sueco, se muestra refractario públicamente a aceptar estas invitaciones, al menos hasta conseguir de ERC una renuncia a la unilateralidad, para evitar que el deshielo de las relaciones (innegable de todas maneras, obvias en el Parlament) acabe por perjudicar al gobierno de Sánchez, siempre sospechoso de sobrevivir a cuenta de los enemigos de la unidad de España, a juicio del PP y Ciudadanos.