La política catalana sigue moviéndose por territorios inexplorados. La campaña electoral se abrirá oficialmente el próximo viernes sin la seguridad de poder votar en la fecha señalada porque el futuro de los comicios depende de una decisión final que el TSJC tomará a seis días del 14-F. La suspensión provisional del decreto del gobierno catalán que intentaba trasladar la cita electoral a finales de mayo no es definitiva, sin embargo los jueces (6 de 7) han considerado prioritario el objetivo de recuperar la normalidad democrática en las instituciones catalanas frente a los riesgos de votar en plena pandemia. Solo el gobierno central puede aportar el factor determinante para hacer cambiar de opinión al tribunal: la modificación del decreto del estado de alarma para declarar un confinamiento estricto.

El gobierno catalán ha tardado muy poco en asumir que el 14-F va a celebrarse salvo que el gobierno Sánchez acuda en su ayuda. La primera reacción fue la de deslegitimar el resultado de las elecciones, apelando al gran número de catalanes que previsiblemente no podrán acudir a los colegios electorales, unos 200.000, se calcula. La contraposición del derecho fundamental al voto de este 4% aproximadamente de electores con el derecho que asiste al conjunto del cuerpo electoral de ejercerlo ya se contempla en la interlocutoria, concluyendo que la responsabilidad de afrontar este problema corresponde al gobierno de la Generalitat, aplicando las medidas que considere más efectivas para paliarlo. En todo caso, en su razonamiento los jueces subrayan que nada asegura que el 30 de mayo no vaya a darse la misma situación discriminatoria.

La decisión del TSJC sitúa en el origen de la provisionalidad institucional catalana que ahora urge remediar a la estrategia de Quim Torra y de la mayoría parlamentaria para salir de la crisis creada por la inhabilitación del entonces presidente de la Generalitat. En aquel episodio, ni quisieron convocar las elecciones con la firma de Torra mientras pudieron (el gobierno se dio oficialmente por muerto en enero) ni optaron por investir un nuevo presidente tras la inhabilitación de Torra para agotar la legislatura. En la opinión del independentismo haber tomado una u otra decisión habría sido tanto como legitimar la interferencia del Tribunal Supremo en la vida institucional catalana.

La pérdida de tiempo implícita en aquella opción se les vuelve ahora en contra, al aducir el tribunal que no se debería prolongar por más tiempo una presidencia en funciones de la Generalitat con competencias limitadas precisamente en tiempo de decisiones drásticas, algunas de las cuales afectan a derechos fundamentales. El texto del TSJC recuerda además que la decisión de poner en marcha el automatismo electoral se tomó con pleno conocimiento de la gravedad de la pandemia y con los informes pertinentes de los expertos que permitían presumir que a mediados de febrero la situación no habría mejorado tanto como para celebrar los comicios con total seguridad.

El gobierno en funciones de la Generalitat no se va a resistir a la decisión del TSJC de avalar el 14-F, simplemente la va utilizar en contra de Salvador Illa, candidato del PSC y todavía ministro de Sanidad. La circunstancia de celebrarse por imperativo judicial les permitirá mantener vivo el eslogan más eficaz y populista: el del estado represor que ahora nos obliga a votar poniendo en peligro nuestras vidas para colocar a Illa en la presidencia.

Pere Aragonés ya se ha referido a la “operación de estado” para beneficiar al PSC y ha coincidido con Elsa Artadi, la portavoz de JxCat, en la apelación central a sus votantes: demostremos que en Cataluña no manda el PSOE. Este es el discurso (“¡la represión continúa¡”) que nunca les ha fallado hasta la fecha, el que les permite a ERC y JxCat exhibir una coincidencia mínima y evitar centrarse en sus múltiples diferencias que les llevaron en la última sesión parlamentaria a descualificarse mutuamente como cínicos. La crisis interna innegable de los dos partidos podría producir un cierto hartazgo entre sus votantes, una eventualidad que se difuminará en el nuevo escenario muy proclive al reforzamiento de los bloques, para desesperación de los Comunes.

Los partidos no soberanistas ya han girado en contra de JxCat y ERC el “miedo a las urnas”, la tradicional acusación del independentismo al constitucionalismo por no aceptar sus referéndum prohibidos. El eslogan de “salvar la democracia” cambiará de bando siendo utilizado por PSC, Ciudadanos, PP, PDeCat, sin embargo esta coincidencia no evitará a Salvador Illa convertirse en el centro de la polémica. La última encuesta del CIS confirmaba el “efecto Illa” al darle como ganador de las elecciones, con la persistencia de un alto porcentaje de indecisos; y aunque es probable que el desenlace judicial sobre el 14-F haya convertido en papel mojado todos los sondeos precedentes, la centralidad del candidato del PSC durante la campaña está asegurada.

Illa será presentado como el beneficiario de la operación de estado ya denunciada por el independentismo (confirmada a su juicio por el hecho que Ciudadanos y Vox ya insinúen su apoyo a la investidura del candidato socialista) y además como el responsable último de no haberse podido aplazar las elecciones catalanas por supuestos intereses electorales. El todavía ministro de Sanidad se arriesga a pagar un precio político por su negativa a promover una modificación del decreto de estado de alarma para decretar un confinamiento general en plena tercera ola de contagios, lo que favorecería el cambio de fecha electoral, según aduce el TSJC. También lo pagaría por hacer lo contrario, lógicamente.

Y aún sin tomar ninguna de las dos decisiones posibles, la posición política y personal de Illa podría quedar muy comprometida si una vez iniciada la campaña electoral, cuando ya haya renunciado al ministerio, el TSJC se inclina por la suspensión del 14-F. Esta es una hipótesis poco probable según todos los juristas, pero no descartable del todo dado el alto grado de imprevisibilidad e improvisación que caracteriza el territorio inexplorado en el que se desenvuelve la política y las instituciones catalanas.